El Congreso da luz verde a la ley de mutuas
El Congreso da luz verde a la ley de mutuas
El Congreso aprobó definitivamente ayer jueves 18 de diciembre la nueva ley de mutuas, y no solo con el apoyo de la bancada popular, sino también con el visto bueno de los grupos del PNV y de CiU. Entre otros contenidos, el nuevo articulado establece límites a las retribuciones de los directivos de estas entidades en correspondencia con las del sector público.
El texto final que entrará en vigor ha contado, según han destacado fuentes gubernamentales, con aportaciones de todos los grupos parlamentarios y dota al marco jurídico que regula estas entidades “mayor claridad, trasparencia y seguridad jurídica”. Además del refuerzo del control económico de las mutuas, el texto del proyecto de ley optimiza el aprovechamiento de recursos públicos “ya que se trata de entidades privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas”, según el departamento de Empleo y Seguridad Social.
De igual forma, la norma establece que el 80 por ciento del excedente se destinará al Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. Otra novedad es que incorpora la obligatoriedad de la Reserva de Asistencia Social, un 10 por ciento, y se limita el importe máximo de la Reserva Voluntaria, acentuando el carácter social de las entidades y de la Seguridad Social.
La marcha atrás en algunas modificaciones introducidas en el Congreso (como, por ejemplo los límites a las retribuciones de los directivos de las mutuas) ha provocado la contrariedad de los integrantes del grupo de UPyD, que ha criticado que las ofertas de negociación que siempre hace el Ministerio de Empleo acaben siendo “vacuas”.
Ha seguido con su rechazo el PSOE, la Izquierda Plural y gran parte del Grupo Mixto, cuyos argumentos esgrimidos en contra de la norma han sido expuestos ya con anterioridad y van desde que a su juicio se avanza en la privatización de las mutuas, se amplía su ámbito de actuación natural y se abre la puerta a la privatización de la sanidad, al permitir que estos organismos intervengan desde el primer día en las bajas por incapacidad temporal.
Entre más iniciativas recogidas, se establece que el Gobierno presente en la Cámara Baja un informe de evaluación de la gestión de las mutuas con el fin de valorar su eficiencia en comparación con la realizada por las entidades gestoras y que los trabajadores autónomos adheridos a la mutua se incorporarán a los órganos de gobierno de la misma. Además se simplifica el acceso a la prestación de cese por actividad de este colectivo y se facilitan los requisitos para los autónomos económicamente dependientes.
Otros artículos señalan que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tendrán la posibilidad de formular propuestas motivadas de alta médica y comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que se ha enviado dicha propuesta de alta. La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud (SPS) deberá comunicar a la Mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la emisión del alta o su denegación.
Queda estipulado que en el caso de que el SPS desestime la propuesta de alta de la mutua o no conteste en forma y plazo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en un plazo de cuatro días. Eso sí, serán siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud o del Instituto Nacional de la Seguridad Social quienes tengan la última palabra para que los trabajadores se reintegren a su puesto de trabajo, una vez restablecidos.
