CCOO exige a la ministra Báñez la retirada del borrador de Real Decreto sobre la reforma del sistema de "bonus"

CCOO exige a la ministra Báñez la retirada del borrador de Real Decreto sobre la reforma del sistema de "bonus"

Cree que esta reforma impactaría en las cuentas de la Seguridad Social, provocaría el subregistro de accidentes de trabajo y no serviría para mejorar la salud de las trabajadoras y los trabajadores
14 Noviembre 2015

A juicio de CCOO, una reforma legislativa del calado de la que propone el Gobierno con la reforma del sistema de bonus, debe contar con el consenso de todos los agentes sociales y debe partir de la evaluación rigurosa del sistema aplicado hasta la fecha. Sin embargo, la información sobre el anterior sistema de bonus que desde hace años viene facilitando el Ejecutivo, es incompleta y no permite estimar el impacto que ha supuesto en el sistema preventivo español.

El borrador remitido por el Gobierno a los agentes sociales tiene la oposición frontal de CCOO por, entre otros, los siguientes motivos:

- El retorno de cuotas sólo depende de cumplir un determinado índice de incidencia, sin obligación de demostrar inversiones en medidas preventivas. Al ser las empresas las encargadas de notificar los accidentes y las Mutuas de validarlos, el subregistro está servido.

- No se desarrolla la Ley General de Seguridad Social, que permite el establecimiento de un aumento de la cuantía de las primas para aquellas empresas que incumplan con sus obligaciones preventivas.

- Las empresas pueden destinar parte del retorno de cuotas a sus Mutuas, que a su vez son las encargadas de hacer el informe propuesta de acceso al bonus. Las Mutuas se convierten en juez y parte en un procedimiento que les permite convertir fondos públicos procedentes de cuotas de Seguridad Social en patrimonio privativo.

- Con la excusa de la “reducción de carga administrativa” se elimina de un plumazo el control que hasta ahora realizaban la representación de los trabajadores y la Administración a través de la Inspección de Trabajo.

- Se incrementa de forma exponencial la cantidad destinada a este Bonus, hipotecando para años venideros el Fondo previsto para financiar tal incentivo.

Pero si algo resulta paradójico es que el borrador de RD no sólo tiene la oposición de los sindicatos, sino que tampoco cuenta con apoyo dentro de la Administración General del Estado. En la propia memoria de impacto normativo remitida por el Ministerio destacan los argumentos negativos ofrecidos por los principales organismos de nuestro país en materia de prevención y de Seguridad Social. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo “destaca de forma negativa la desvinculación del proyecto de real decreto con aspectos de carácter preventivo” y ”que como consecuencia de la exclusiva vinculación de los incentivos a los índices de siniestralidad puede producirse una “infradeclaración” de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los empresarios solicitantes”. La Tesorería General de Seguridad Social indica que el proyecto “no puede ser informado favorablemente ya que es contrario a los intereses del sistema de la Seguridad Social y notoriamente perjudicial en la situación actual”. Y finalmente, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social afirma que no da respuesta al objetivo “de que las empresas se vean incentivadas para adoptar medidas y procesos que contribuyan eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social” y “podría favorecerse la realización de malas prácticas consistentes en infradeclaración de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales o la declaración como accidentes “in itinere” de accidentes que no revisten esas características”.

CCOO, en la línea de lo expresado por los organismos de Administración General del Estado, cree que esta reforma impactaría en las cuentas de la Seguridad Social, provocaría el subregistro de accidentes de trabajo y no serviría para mejorar la salud de las trabajadoras y los trabajadores. Por todos estos motivos exigimos a la ministra Fátima Báñez la inmediata retirada del proyecto.

Fuente: CCOO

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