¿Cámaras de vigilancia en el trabajo sin consentimiento? El Tribunal Constitucional español lo avala

¿Cámaras de vigilancia en el trabajo sin consentimiento? El Tribunal Constitucional español lo avala

Los derechos de los trabajadores se ven relegados a un segundo plano, frente al “interés” de la empresa
15 Septiembre 2016

El pasado mes de marzo el Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, sorprendía a propios y extraños dictaminando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en el puesto de trabajo, sin que fuese necesario informar al trabajador y sin el consentimiento del mismo para ello.

Hasta ese momento, dicho Tribunal había avalado la instalación de cámaras de vigilancia en el puesto de trabajo, siempre que el trabajador fuese informado expresamente de que estaba siendo grabado y que prestase su consentimiento a ello. Sin embargo, este nueva sentencia rectifica la doctrina anterior, dando luz verde a que el empresario pueda instalar, como parte de la capacidad de vigilancia y control otorgada en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, aunque no cuente con el consentimiento expreso por parte del trabajador y sin que exista información específica sobre la grabación de imágenes.

El Tribunal Constitucional fundamenta este giro en su jurisprudencia en dos nuevas premisas: 

En el ámbito laboral, se considera que el consentimiento del trabajador se entiende implícito por el mero hecho de firmar el contrato de trabajo. Es decir, que ya no es necesario que el trabajador manifieste expresamente su consentimiento a ser grabado en su puesto de trabajo.

Es suficiente con que exista una referencia informativa general sobre la existencia de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, aunque no se especifique concretamente el fin de las mismas.

Para entenderlo mejor es necesario recapitular sobre el caso enjuiciado por el Tribunal Constitucional, una empleada de una tienda de ropa en la que habían instalado cámaras de vigilancia en la zona de caja, fue despedida disciplinariamente por haberse apropiado indebidamente de una cantidad monetaria.

Ni la trabajadora ni el resto de sus compañeras habían sido informadas expresamente de la instalación de las cámaras de vigilancia, aunque la empresa sí había colocado en un lugar visible del escaparate, un cartel en el que se advertía de la existencia de las mismas. La trabajadora, tras ver desestimada su demanda en primera y segunda instancia, acudió al Tribunal Constitucional en busca de amparo, que le fue nuevamente denegado al confirmar la procedencia del despido.

El tribunal consideró suficiente la instalación de un mero cartel en el escaparate, dirigido al público en general para superar el requisito informativo, así como que la trabajadora había prestado su consentimiento de forma tácita, por el mero hecho de haber firmado el contrato de trabajo, para superar el requisito del consentimiento.

Finalmente, el Constitucional matiza dicho giro jurisprudencial al afirmar que cualquier tipo de restricción a los derechos fundamentales de los trabajadores debe cumplir un triple requisito:

  • Necesidad (sospechas razonables sobre el ilícito cometido por el trabajador),
  • Idoneidad (método seleccionado susceptible de conseguir el objetivo propuesto)
  • Y proporcionalidad (que la medida llevada a cabo proporcione más beneficios para el interés general del empleador que perjuicios al trabajador).

Tras este giro dado por el Tribunal Constitucional, nos encontramos ante un nuevo caso en el que los derechos de los trabajadores se ven relegados a un segundo plano, frente al “interés” de la empresa.

Fuente: Derechonews

¿Qué opinas de este artículo? Add a new comment to this page.

Comentarios

Imagen de José Luis

Esta sentencia quiere decir que se pueden instalar cámaras en los despachos, salas de reuniones, etc..., de estos señores del tribunal constitucional ??
En caso de que se pudieran instalar podríamos los trabajadores nombrar a un responsable (honrado) para que pudiese visualizarlas??'
Ya, ya se que esto es un imposible, las leyes restrictivas son para la clase trabajadora, para la canalla.....

Para cuando una catarsis en el Poder judicial ?... entonces podríamos comenzar a hablar de democacracia.

Imagen de IRAIDA CANO

La medida aprobada por el Tribunal Constitucional, puede tener efectos adversos en la productividad de los trabajadores, si los mismos no son informados previamente sobre la incorporación de cámaras de vigilancia en los puestos de trabajo. En Panamá, vivimos una experiencia muy interesante como Especialistas en Salud Ocupacional a nivel de la Caja de Seguro Social, en una imprenta de mucha antiguedad, al igual que sus trabajadores, en la cual la gerencia, en forma arbitraria, innecesaria e inconsulta con sus trabajadores y sindicato, decidió colocar cámaras en las diferentes fases del proceso de trabajo, aduciendo que los materiales de trabajo estaban siendo robados por los trabajadores. Estos al retornar a sus labores luego del fin de semana (la empresa laboraba de lunes a viernes) se encontraron con la novedad de las cámaras, lo que provocó una situación de asombro e insatisfacción laboral, dado que se encontraban expuestos a una sobre-vigilancia durante la jornada laboral, dado que en cada Departamento y Sección de Trabajo, existía un Supervisor de Línea, situación que hizo crisis y se agravó cuando el hijo del dueño de la empresa para divertirse, empezó a jugar con los controles centrales del sistema que estaban ubicados en la gerencia de la empresa, haciendo girar en forma contínua y en todas direcciones las cámaras, lo que provocó la ira de los trabajadores y éstos, en vez de realizar sus diversas tareas empezaron a estar pendiente de los movimientos de las cámaras y hacer gestos de agresión y obscenos cuando se sentían enfocados, aparte de que se sentían irrespetados como empleados de mucha antiguedad y experiencia en la empresa y acusados injustamente de robo de materiales. El resultado fue una caída abrupta de la productividad de los trabajadores, pérdidas económicas para la empresa, el no cumplimiento a tiempo de las entrega de los trabajos a los clientes, demandas de los trabajadores para la empresa ante el Ministerio de Trabajo y a través de los abogados del sindicato, paralización de las labores por espacio de una semana, por lo que el sindicato solicitó la intervención del Programa de Salud Ocupacional de la Caja de Seguro Social, para la realización de un estudio desde el punto de vista psico-social, que arrojó resultados objetivos y contundentes en cuanto a lo inapropiado de la medida por parte de la empresa, la colocación innecesaria de las cámaras en las diferentes áreas del proceso de trabajo, el nivel de afectación emocional y psicológica de los trabajadores, lo que involucró además, medidas de control y prevención, así como un programa de readaptación laboral que garantizara el restablecimiento de una relación laboral positiva entre los niveles jerárquicos de la empresa, los trabajadores y sus dirigentes sindicales, manejo de los efectos de un estrés post-traumático en los trabajadores y la eliminación de las cámaras en las áreas del proceso de trabajo y su reubicación en áreas en donde si se requiere esta vigilancia como lo es el depósito de las materias primas, el área de carga y descarga de materiales, las entradas y salidas de acceso a la empresa, los pasillos intermedios, entre otros. Esto nos enseñó que las empresas jamás debe tomar una medida de esta naturaleza, sin la consulta, motivos y sustentación ante los trabajadores de la incorporación de cámaras de vigilancia. Además, nunca las mismas, deben ser colocadas en los departamentos y secciones que involucren el proceso de trabajo, en las entradas o dentro de los baños, en las áreas de descanso y comedor de los trabajadores, o en las áreas de vestidores. Se debe considerar que las acciones de toma de fotografías y filmaciones de las personas sin su consentimiento constituye una violación a la privacidad e intimidad y a los derechos humanos de las personas, lo cual tiene connotaciones y sanciones de tipo penal, moral y constitucional. Es importante destacar que este evento ocurrió hace muchos años (aproximadamente en el año de 1980), no existiendo referencias bibliográficas de estos tamas, normativas ni legislaciones por lo menos en Panamá, ni la existencia del recurso de internet.

Añadir nuevo comentario