CAF deberá pagar 410.000 euros a la familia de un trabajador muerto por su exposición al amianto

El Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián ha condenado a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) a indemnizar con 410.150 euros a la viuda e hijos de un trabajador fallecido en diciembre de 2012 como consecuencia de un mesotelioma pleural derivado de la exposición al amianto durante su actividad laboral. Es la sanción más elevada que impone un juzgado del País Vasco a una compañía por un caso de estas características.

Según ha informado hoy la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, Asviamie, la sentencia declara a CAF responsable por "incumplimiento" de la legislación sobre medidas preventivas existentes desde 1940.

El fallo judicial, contra el que cabe un recurso de suplicación, establece que al trabajador le diagnosticaron la citada enfermedad maligna en marzo de 2012 y se le reconoció la incapacidad absoluta por enfermedad profesional. F.B.J. trabajó en CAF desde 1961, primero como ajustador y después como maestro de taller.

La sentencia acredita que tanto el fallecido como otros operarios trabajaban en un espacio sin ventilación, ni equipos de protección individual o colectiva, y por sus tareas de mantenimiento estuvo en contacto con la fibra cancerígena mientras reparaba embragues o frenos de grúas, forraba mangueras de fuel o utilizaba el esmeril que expandía por el aire partículas de amianto, informa Asviamie.

Además, los trabajadores no fueron informados del riesgo al que estaban siendo sometidos durante su tarea, ni de la legislación vigente sobre medidas preventivas. La asociación asegura que el juzgado confirma que la compañía no adoptó medidas técnicas y organizativas para proteger a los empleados, ni realizó controles de salud.

Asviamie ha aprovechado este fallo para exigir nuevamente a empresas, servicios de prevención e instituciones que "extremen las medidas preventivas" para hacer frente a la exposición a sustancias tóxicas en el trabajo, con especial atención a las cancerígenas.

Fuente: EL PAÍS