La basura electrónica está fuera de control: el 80% de estos residuos contaminantes, 600.000 toneladas, se desconoce donde acaban

La basura electrónica está fuera de control: el 80% de estos residuos contaminantes, 600.000 toneladas, se desconoce donde acaban

España está en la cola europea del reciclado, solo por delante de Rumania y Chipre
18 Noviembre 2015

España es el paraíso de la basura electrónica. El volumen de residuos no reciclados al año permitiría construir un muro de cuatro metros de altura de Madrid a Barcelona (504,91 kilómetros). 600.000 toneladas de neveras, frigoríficos o televisores son desguazados en plantas no autorizadas o canibalizados por mafias a golpe de martillo. No importa que contengan productos peligrosos y altamente contaminantes. Se abandonan en cualquier vertedero o arcén.

El informe CWIT del 30 de agosto de este año, que elabora la Interpol y la Universidad de las Naciones Unidas, entre otras instituciones, sitúa a España en la cola europea del reciclado, solo por delante de Rumania y Chipre. El 80% de estos residuos se desconoce dónde acaban. No solo supone un grave problema medioambiental y sanitario, también económico. En Europa, la pérdida directa, según el documento, se estima entre los 800 y 1.700 millones de euros.

En España, los fabricantes tienen la obligación desde 2005 de encargarse del reciclado de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEES), una categoría que incluye desde escáneres de hospitales, hasta móviles, pasando por máquinas recreativas o fluorescentes.

No existen datos centralizados, pero el sector estima que un tercio de estos residuos acaban en plantas no autorizadas, que no cuentan ni con la tecnología ni con el personal para garantizar un correcto reciclado y reutilización. Otro tercio es canibalizado por las mafias sin ningún control. Estas cifras suponen, solo ligeramente, una mejora con respecto a las conclusiones del informe. “El decreto que regula el reciclaje es muy bueno. El problema es que nadie persigue su incumplimiento. Hay una gran permisividad institucional”, denuncia Luis Palomino, secretario general de ASEGRE, asociación de empresas gestoras de residuos peligrosos.

ECOLEC, una de las mayores SIG, que representa al 50% de los fabricantes de grandes y pequeños electrodomésticos, trató el año pasado 67.000 toneladas. El volumen generado anualmente en España supera las 750.000 toneladas. “La diferencia con otros países es que no hay una única autoridad que cuide del cumplimiento de la norma. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas”, afirma Matías Rodrigues, director general de ERP España, otro SIG. La inacción administrativa es solo una de las disfunciones de un sistema que en la práctica hace aguas por todas partes. El Ministerio de Medio Ambiente fue consultado sobre este asunto y no respondió a los requerimientos de EL PAIS.

Los transportistas no suelen cobrar del distribuidor por retirar el aparato sustituido y se quedan en compensación con el residuo. Acaban así normalmente en desguaces ilegales donde se paga más que en una planta autorizada. “Lo venden a cualquiera”, comenta Fermín Rodríguez, gerente de Recyberica Ambiental, empresa especializada en su reciclado. Las plantas autorizadas, que tienen que seguir un complejo y caro proceso de tratamiento, no pueden competir con los chatarreros que extraen sin más los componentes valiosos. Estos procesos no solo evitan la contaminación medioambiental de los componentes peligrosos con los que están fabricados, sino que tratan de conseguir valorizar los distintos materiales. Estas plantas tienen la obligación legal de reutilizar el 80% de los componentes: plásticos, maderas, etc. “Normalmente no es rentable. Cuesta más separar los materiales que el valor de los mismos”, asegura Rodríguez. “Pero es uno de los objetivos fundamentales, que vuelvan al ciclo económico”.

La existencia de mafias que roban sistemáticamente, según los cálculos del sector, hasta un 35% de los residuos es otro de los grandes problemas del sistema. La impunidad con la que actúan es casi total. Un informe de las entidades gestoras de residuos, remitido al Ayuntamiento de Madrid refleja las continuas coacciones a las que en muchos casos se ven sometidos los trabajadores de los puntos limpios por parte de las mafias. No es excepcional ver a los miembros de estas bandas en la misma puerta de las instalaciones esperando a que los responsables cierren para, a plena luz del día, forzar el candado y llevarse tranquilamente lo que quieren.

Fuente: EL PAÍS

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