Argentina: la oposición se "planta" contra la nueva ley de riesgos del trabajo

Argentina: la oposición se "planta" contra la nueva ley de riesgos del trabajo

Se niega a aprobar la iniciativa ya que  obliga a los empleados a tener que pasar por una instancia administrativa antes de recurrir a la Justicia.
21 Diciembre 2016

Las cifras impactan a los funcionarios y dirigentes de empresas: este año habrá un récord de 120.000 demandas por infortunios laborales, lo que acumulará en el sistema un pasivo cercano a los u$s5.000 millones. Esto hace que las aseguradoras, destacan fuentes del sector, estén al borde del colapso.

Como si esto fuese poco, aparece otro dato contundente: el 70% de las contingencias que están amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo terminan reclamándose vía demandas laborales.¿Por qué? para así evitar así la intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales.

Por ese motivo, el macrismo puso manos a la obra e impulsa en el Senado un proyecto tendiente a llevar a cabo una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). Según fuentes del macrismo consultadas por este medio, la iniciativa ha sido consensuada con los empresarios y con la CGT. Pero esto no significa que el camino que deba esté libre de escollos. Las posibilidades de que el proyecto que intenta poner un freno en el preocupante aumento de la litigiosidad por accidentes de trabajo y que analiza el Senado avance, sin modificaciones, resultan escasas.

Para poder sumar algunas voluntades el Gobierno desechó su idea original de trasladar los litigios a la Justicia de previsión social.

Por lo pronto, hay algo que tiene claro: el proyecto que busca transformar en ley tiene muy pocas chances de avanzar. Más aun si incorpora como obligatorio el hecho de que cualquier empleado tenga que -sí o sí- pasar por las comisiones médicas jurisdiccionales.

Sucede que este paso, de "carácter obligatorio y excluyente" -una de primera instancia y otra central, de apelación- no le permitiría a ningún asalariado presentarse desde un principio en la Justicia, lo que puede llevar a un planteo de inconstitucionalidad de la ley.

Por otro lado, no especifica el tiempo exacto en el que deben expedirse las comisiones, que están conformadas por médicos que prestan servicios para las ART. Estas, precisamente, son las que se ocuparían de determinar los grados de incapacidad, como así también las prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales.

Más aun, todo lo que ellas dictaminen tendría carácter de "cosa juzgada". Este punto es, precisamente, el que encendió la luz de alerta de los partidos de la oposición, al entender que restringen las posibilidades de los empleados de acceder a la Justicia, con la consecuente merma indemnizatoria.

El hecho de impedir a un empleado el acceso a la Justicia y, por consiguiente, que éste pueda reclamar una reparación integral, es la razón principal del conflicto.

La intención del Gobierno es que a partir de las mejoras que impulsa con su proyecto, los empleados opten por mantenerse dentro del sistema en vez de ir a juicio. Esto, a largo plazo, impulsaría -de acuerdo con la visión oficial- una baja sustancial de las alícuotas que las aseguradoras le cobran a las empresas.

Fuente: IProfesional

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Comentarios

Imagen de Rolando Ruben Piccinetti

Muchas gracias por permitir mantenernos informados sobre nuestra especialidad y saber lo que sucede en el mundo.
Referente a la Ley que se quiere sancionar, sin dudas el problema planteado es de índole constitucional. No es un problema administrativo. Sucede que constitucionalmente cualquier ciudadano tiene derecho a efectuar denuncias y entablar litigios. Es un derecho. Máxime si está de por medio la salud del trabajador que también pone en riesgo el bienestar familiar del accidentado. La ley original de las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) nació en el año 1995 y con ella se abonaban las indemnizaciones sin tener derecho a reclamo alguno luego de percibir la indemnización. Además de ser montos vergonzosos los que se pagaban al igual que la forma en que se hacia, el problema era que el accidentado renunciaba a todo reclamo posterior, infringiendo así aspectos constitucionales básicos. Por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional precisamente esa prohibición. A partir de entonces es cuando empezaron a crecer sin parar hasta la fecha las demandas laborales. El gobierno anterior trató de minimizar este número de demandas, aumentando los montos indemnizatorios a valores altos (exactamente lo opuesto a cómo estaban), pero no les dio resultado. Aceptaban las indemnizaciones pero hacían la demanda civil aunque llevara varios años procesarla porque los montos no tienen topes máximos. Esto hizo que las empresas de ART subieran las alícuotas a las empresas a valores tan altos como los que existían antes de la ley que correspondían a seguros de vida y accidentes tradicionales y convencionales. Así es como, antes de la vigencia de la ley los costos de seguro en un análisis de precios alcanzaba el 12 % de incidencia y se esperaba que con la ley llegara al 3,5%. Esto nunca sucedió, las ART empezaron a achicarse y a comportarse como los históricos seguros comunes, por lo que las incidencias volvieron a estar a su valor histórico. Aquí también se sumaron otros hechos de corrupción en perjuicio de las propias ART, con la ignorancia y comodidad de empresarios que se acostumbraron a pagar una cuota mensual sin importar si correspondía o no. A esta altura de los hechos, será muy difícil que salga sancionada una nueva ley que limite hacer demandas. Esto necesita que se revean muchas cosas sustanciales, no solo montos indemnizatorios y el mayor o menor número de comisiones médicas.
Saludos cordiales y muchas gracias por compartir artículos muy interesantes. FELICIDADES Y PROSPERIDAD PARA TODOS EN 2017.

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