Argentina: la oposición se "planta" contra la nueva ley de riesgos del trabajo

Las cifras impactan a los funcionarios y dirigentes de empresas: este año habrá un récord de 120.000 demandas por infortunios laborales, lo que acumulará en el sistema un pasivo cercano a los u$s5.000 millones. Esto hace que las aseguradoras, destacan fuentes del sector, estén al borde del colapso.

Como si esto fuese poco, aparece otro dato contundente: el 70% de las contingencias que están amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo terminan reclamándose vía demandas laborales.¿Por qué? para así evitar así la intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales.

Por ese motivo, el macrismo puso manos a la obra e impulsa en el Senado un proyecto tendiente a llevar a cabo una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT). Según fuentes del macrismo consultadas por este medio, la iniciativa ha sido consensuada con los empresarios y con la CGT. Pero esto no significa que el camino que deba esté libre de escollos. Las posibilidades de que el proyecto que intenta poner un freno en el preocupante aumento de la litigiosidad por accidentes de trabajo y que analiza el Senado avance, sin modificaciones, resultan escasas.

Para poder sumar algunas voluntades el Gobierno desechó su idea original de trasladar los litigios a la Justicia de previsión social.

Por lo pronto, hay algo que tiene claro: el proyecto que busca transformar en ley tiene muy pocas chances de avanzar. Más aun si incorpora como obligatorio el hecho de que cualquier empleado tenga que -sí o sí- pasar por las comisiones médicas jurisdiccionales.

Sucede que este paso, de "carácter obligatorio y excluyente" -una de primera instancia y otra central, de apelación- no le permitiría a ningún asalariado presentarse desde un principio en la Justicia, lo que puede llevar a un planteo de inconstitucionalidad de la ley.

Por otro lado, no especifica el tiempo exacto en el que deben expedirse las comisiones, que están conformadas por médicos que prestan servicios para las ART. Estas, precisamente, son las que se ocuparían de determinar los grados de incapacidad, como así también las prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales.

Más aun, todo lo que ellas dictaminen tendría carácter de "cosa juzgada". Este punto es, precisamente, el que encendió la luz de alerta de los partidos de la oposición, al entender que restringen las posibilidades de los empleados de acceder a la Justicia, con la consecuente merma indemnizatoria.

El hecho de impedir a un empleado el acceso a la Justicia y, por consiguiente, que éste pueda reclamar una reparación integral, es la razón principal del conflicto.

La intención del Gobierno es que a partir de las mejoras que impulsa con su proyecto, los empleados opten por mantenerse dentro del sistema en vez de ir a juicio. Esto, a largo plazo, impulsaría -de acuerdo con la visión oficial- una baja sustancial de las alícuotas que las aseguradoras le cobran a las empresas.

Fuente: IProfesional