Los acusados del "eólico Hornillos" asumen su culpa y logran sustituir la pena de cárcel por una multa y una indemnización no revelada

Los acusados del "eólico Hornillos" asumen su culpa y logran sustituir la pena de cárcel por una multa y una indemnización no revelada

Cinco trabajadoras se vieron afectadas por patologías de tipo cutáneo por todo el cuerpo, trastornos irritativos oculares, sintomatologías gastrointestinales, dolores de cabeza de forma continuada, insuficiencia respiratoria e incluso problemas ginecológicos
26 Mayo 2016

Ocho años después de iniciarse el procedimiento, los cuatro procesados por el denominado caso parque eólico de Hornillos de Cerrato alcanzaron ayer en el Juzgado de lo Penal de Palencia un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, el sindicato CCOO y las cinco operarias afectadas personadas en la causa, por el que asumieron un delito contra la salud de los trabajadores del 317 del CP en concurso con cinco delitos de lesiones imprudentes, que se traduce en una pena global de siete meses y medio de cárcel para cada uno aunque será sustituida finalmente por una multa global de 2.250 euros.

En virtud de dicho acuerdo, las cinco trabajadoras afectadas decidieron retirar todos los cargos y firmaron un acuerdo indemnizatorio de carácter confidencial después de varias horas de negociación, incluso en la propia sede judicial.

La causa se inició en febrero de 2008 cuando el sindicato Comisiones Obreras interpuso una denuncia por que aproximadamente diez trabajadores que operaban en la carpa del Parque Eólico de Angostillos, situado entre Baltanás y Hornillos de Cerrato, que tenía a Guascor Servicios SA como empresa contratista y a Gamesa Eólica SA como principal (fueron contratados 33), mayoritariamente mujeres, presentaban «patologías de tipo cutáneo por todo el cuerpo, trastornos irritativos oculares, sintomatologías gastrointestinales, dolores de cabeza de forma continuada, insuficiencia respiratoria e incluso problemas ginecológicos». Pormenorizaba el sindicato que al menos cuatro trabajadoras llegaron a causar incluso baja por accidente de trabajo por posible reacción alérgica frente a la exposición a sustancias irritantes.

Posteriormente, en septiembre de 2011 el Juzgado de Instrucción Número 4 de Palencia dictó un auto por el que transformó inicialmente las diligencias abiertas en un procedimiento abreviado por los supuestos delitos contra la salud, la seguridad de los trabajadores y lesiones contra seis personas, representantes de Gamesa Eólica, Guascor Servicios y Cenforpre.

Tres años y medio después de trámites judiciales, el Ministerio Fiscal decidió finalmente acusar a cuatro personas como presuntas responsables de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores en concurso ideal con cinco delitos de lesiones imprudentes por lo que les pidió 20 meses de cárcel, y solicitó también para ellos de manera conjunta, directa y solidaria, así como a las compañías de seguros y de forma subsidiaria a las empresas Gamesa y Cenforpre, una indemnización global de 329.664,09 euros para las cinco trabajadoras que resultaron perjudicadas.

Comisiones Obreras había solicitado una pena de 20 meses de prisión y multa de 2.700 euros para cada uno de los acusados, mientras que la acusación particular ejercida por las cinco trabajadoras había solicitado inicialmente sendas penas de dos años y dos meses de cárcel, además de multas y la consiguiente indemnización. Finalmente, ayer se dio por concluido uno de los procesos judiciales penales más largos de los últimos años, un proceso que se finiquitó con un pacto entre las partes.

Los hechos parten del 17 de septiembre de 2007 cuando comenzaron las obras de mantenimiento y reparación de palas de aerogenerador en la carpa situada en el Parque Eólico de Angostillos, situado entre las localidades de Torquemada, Hornillos de Cerrato y Baltanás, integrado por 14 aerogeneradores de una potencia de 20 MW, obras que concluyeron  en febrero de 2008.

Dichas obras las acometía Gamesa Eólica, subcontratando diversas partidas, entre otras con Guascor Servicios, que se encargó de la contratación y selección de  trabajadores para dichas labores. Guascor también tenía entre sus cometidos los de formar y supervisar la seguridad en el trabajo. Además, Gamesa contrató con la firma Cenforpre materias relativas a la prevención de riesgos laborales.
Gamesa nombró encargados de los trabajos y responsables a los acusados A.C.G. Y L.F.P.P., quien sustituyó al primero, y se encargaron de explicar a los trabajadores cómo debían aplicar los productos, «si bien carecían de preparación suficiente y no vigilaron», a juicio del fiscal, que los productos a utilizar fueran los mismos que aparecían en el plan de seguridad.

También fue acusado J.M.D.L., supervisor de zona de Gamesa y posteriormente gerente de la carpa, que estaba encargado de recepcionar los productos que llegaban del almacén, su reposición y equipos de trabajo utilizados. El cuarto acusado en esta causa era F.D.D., responsable de la formación en materia de seguridad y empleado de Cenforpre, quien para el fiscal y el resto de acusaciones «se limitó a dar breves charlas acerca del uso de los equipos de protección individual sin formar en materia de uso de materiales químicos de los que pudieran emanar vapores con contenido tóxico».

Las labores que debían realizar los trabajadores y trabajadoras consistían básicamente, tras recibir supuestamente los equipos de trabajo y mascarillas, el tratamiento para la reparación de las palas con la utilización de diferentes productos para el lijado y la pintura de las mismas. Bajo estas premisas, el Ministerio Fiscal entendía que «se omitieron la adopción de diversas medidas de seguridad y salud, ni se evaluó la preceptiva evaluación higiénica de los riesgos, mientras que la formación e información de riesgos fue insuficiente».

De hecho, relató que los productos químicos a usar eran distintos de los que Gamesa manifestó que iba a utilizar en el plan de seguridad y proyecto de ejecución. Según se detallaba en el escrito de acusación del Ministerio Público no se entregaron a los trabajadores el tipo de máscaras, monos, guantes y mascarillas apropiados para el desempeño de sus funciones. De hecho, subrayaba que los guantes de latex  «se rompían al contacto con la mezcla de productos, por lo que los trabajadores en ocasiones tenían que traerlos de casa», e incluso en ocasiones debieron aplicar la mezcla con las manos directamente, lo que provocaba que los productos químicos entraran en contacto directo con la piel. Asimismo, los monos que eran desechables se convirtieron en ocasiones «en permanentes». «No se entregó a los trabajadores las fichas de seguridad química de los productos y etiquetas empleados y, en definitiva, se permitió que se trabajara sin las condiciones higiénicas correctas», reiteró el fiscal.
Además, para acelerar el secado de las palas tras la aplicación de las mezclas, se accionaban calentadores de aire que al elevar la temperatura de la carpa «favorecían la emanación de vapores tóxicos».

Para el Ministerio Público la consecuencia de los «incumplimientos expuestos» fue «la puesta en peligro de la salud de los trabajadores» que operaban en la carpa, «pues conociendo las empresas implicadas los peligros que estas sustancias provocan en la salud de las personas y conociendo los acusados las primeras bajas de afectados, desde la mitad de octubre de 2007, ni las empresas ni los acusados reaccionaron tomando medida alguna» hasta los requerimientos de la Inspección de Trabajo a fecha de 3 de diciembre de 2007.

 El acuerdo de confidencialidad alcanzado ayer impide a las afectadas pronunciarse sobre los pormenores. En cualquier caso, hace exactamente un año dos de las afectadas relataron a Diario Palentino su terrible vivencia. «Mi vida se paró en aquel momento, que se sepa. Esta situación no sólo me afecta a mi personalmente, sino a mi vida familiar y también laboral», subrayaba una de las trabajadoras, quien recordaba que comenzó a trabajar en este sitio cuando tenía 29 años «y ahora no puedo tener hijos, además de padecer un buen número de efectos secundarios que afecta a mi vida. Esa es la triste realidad y eso no aparece en los escritos. Llevo siete años viviendo en el infierno». Otra de las afectadas manifestó en aquel momento a DP que amén de los problemas meramente físicos que sufría día a día, su proyección profesional en el campo laboral estaba muy limitada puesto que, entre otras cosas, no podía utilizar determinados productos por la sobreexposición a la que fue sometida, tales como productos de limpieza para el hogar, ni resinas, ni pinturas o están limitadas para trabajar en fábricas, a modo de ejemplo. «Es como si fuera alérgica a un buen número de sustancias que me impiden trabajar como cualquier otra persona. En realidad, todo este calvario también ha provocado que mi vida laboral estuviera acortada de plano, además, sin poder acceder a determinados puestos de trabajo», señaló.
Para colmo de males, la abogada que ha defendido los intereses de las trabajadoras, María Ángeles Ramallo Izquierdo, subrayaba hace un año que debido a las diferentes patologías que sufrían sus patrocinadas «tenían graves problemas para suscribir cualquier  seguro privado debido a sus secuelas o dolencias».

Fuente: Diario Palentino

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