Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos irregulares de 2006 a 2011

Empleo exigió a las mutuas 142 millones por gastos irregulares de 2006 a 2011

Las entidades aducen diferencias de criterio con la Seguridad Social
12 Julio 2017

Dietas no permitidas, pagos ilegales a colaboradores, despidos de trabajadores a punto de jubilarse, marisco, alquileres sin justificar… Estos son algunos de los conceptos por los que la Seguridad Social reclamó a las mutuas de accidentes laborales la devolución de 142,4 millones de euros de dinero público en seis años, según las resoluciones de la Seguridad Social entre 2006 y 2011, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son, sobre el papel, asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Se encargan de la atención de los trabajadores accidentados y de las enfermedades profesionales, para lo que reciben el dinero que recauda la Seguridad Social en forma de cotizaciones. Entre las 20 mutuas existentes —hubo más que han ido fusionándose—, gestionan este año 13.150 millones en cotizaciones, es decir, dinero público.

Aunque sean asociaciones de empresarios, las mutuas son parte del sistema de la Seguridad Social. Por eso, los interventores del organismo auditan cada año sus cuentas. En esos exámenes, como muestra la documentación a la que ha tenido acceso este diario, fue donde los auditores han hallado esos gastos que no se ajustan a la norma y que las mutuas deben devolver. Los desembolsos van desde la compra de obsequios de Navidad al pago de “eventos y servicios de restauración”, pasando por “exceso de retribución del gerente”, para los que no se puede usar dinero público.

Las reclamaciones más cuantiosas llegan por pago indebido a colaboradores externos, que muchas veces son a su vez agentes de seguros. Está prohibido que las mutuas tengan actividad comercial, es decir, captar afiliados. Los pagos demuestran que sí hacían esa actividad. También hay reclamaciones por retribuciones excesivas a otros colaboradores con los que sí pueden trabajar.

El análisis de más de un centenar de resoluciones revela que Fremap fue la que incurrió en más gastos irregulares (43,5 millones). Por ejemplo, en sus cuentas de 2008, los auditores públicos hallaron gastos en marisco, como desveló este diario en 2014. En la clasificación por volumen de dinero gastado irregularmente también está Mutua Universal, con 23,5 millones de euros; Fraternidad, con 20,1 millones; Asepeyo, con 10,6 millones, e Ibermutuamur, con 9,8 millones.

Universal, cuya antigua cúpula está pendiente de un juicio por un fraude de 200 millones, asegura que los ajustes de estos años “tienen su origen en discrepancias de criterio” entre la Seguridad Social. Fraternidad, por su parte, precisa que ya hay fallos firmes en las reclamaciones que van de 2006 a 2009 y que la cantidad se habría reducido de 19,8 millones a 11,5 millones.

Asepeyo asegura que muchas de las cantidades que les reclama la Seguridad Social están “pendientes de resolución, reclamación o en los tribunales”. Su jefe de auditoría explica que en 2006 y 2007, años que tienen reclamaciones de 3 y 3,6 millones, respectivamente, el grueso se debe a indemnizaciones por despido de trabajadores prejubilados “que suponían un ahorro, para la mutua y para la Seguridad Social”. La Audiencia Nacional aceptó este argumento para 2006 y redujo la devolución a 1,1 millones. No lo vio así para 2007.

Buena parte de lo reclamado a Ibermutuamur corresponde a pagos a colaboradores. La mutua se escuda en una diferencia de criterio: “Las mutuas se guiaron por el Registro Público de la Dirección General de Seguros para excluir a los colaboradores que tuvieran la condición de agentes de seguros. La Seguridad Social, por su parte, decidió aplicar un criterio más extensivo, la clasificación de su inscripción fiscal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)”.

MC Mutual explica que algunas de las cantidades reclamadas se vieron reducidas tras ir a juicio y llegar a sentencia firme. En 2006, por ejemplo, los tribunales redujeron un 9,5% las cantidades irregulares. En 2007, un 26,7%, y en 2008, casi a la mitad.

Fuente: EL PAÍS

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