Familiares de víctimas piden penas efectivas para tragedias viales

La familia de Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano que murió después de ser golpeado y arrojado desde una tribuna del estadio Mario Kempes, denunció la ineficacia de la Justicia en relación con los delitos de tránsito. Los padres del joven están convencidos de que ese crimen se podría haber evitado si Oscar "Sapito" Gómez, imputado por la muerte de Agustín, el hermano menor de Emanuel, de 14 años, durante una picada, hubiera estado detenido.

El sentimiento de los Balbo no es excepcional; la mayoría de los familiares de las víctimas percibe que "no hay justicia" y que hay casos que podrían evitarse si se aplicaran sanciones para delitos preventivos. Por ejemplo, en España, si alguien conduce alcoholizado, aunque no haya víctimas, queda detenido durante 30 días.

En diciembre pasado el Congreso sancionó la norma que agrava las penas por delitos viales, basada en una iniciativa presentada por varias organizaciones de familiares de víctimas que ya tienen listo otro proyecto que encauzarán junto al diputado nacional radical Luis Petri.

"Es una discusión que tenemos que dar -dijo el legislador a LA NACION-. El sistema de inhabilitaciones de conductores no funciona; tenemos que poner el foco ahí, y en las sanciones preventivas."

El año pasado, en la Argentina, murieron en accidentes de tránsito -según datos de Luchemos por la Vida- 7268 personas, unas 20 por día. Buenos Aires, con 2211, encabeza el listado; le siguen Santa Fe (736), Córdoba (415) y Tucumán (386).

La ley aprobada a fines de 2016 es la primera norma penal vial que rige en el país; establece entre tres y seis años de prisión para el que, conduciendo en forma imprudente, negligente o antirreglamentaria, provoque la muerte de otro. Contempla agravantes si el conductor se fuga o no intenta socorrer a la víctima, si está bajo los efectos de drogas o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 gramo por litro de sangre (0,5 para el transporte público).

Las penas máximas también rigen para excesos de velocidad de más de 30 km/h sobre la máxima permitida, para picadas, para la violación del semáforo o la conducta temeraria (cuando se sabe que se puede causar daño).

Marcela Alfaro, presidenta de la asociación Familiares de Víctimas de Siniestros Viales de Córdoba (VSV) -que integran los Balbo-, reclama más condenas de prisión efectiva por estos delitos. "La muerte de Emanuel es comparable a la de Micaela [García, víctima de femicidio en Entre Ríos], podría haberse evitado con Gómez preso."

Horacio Botta Bernaus, abogado especializado en inseguridad vial, sostiene que el 95% de los accidentes "podría pasarle a cualquiera" por errores que no admiten reparación. Plantea que el problema es que, en la mayoría de los casos, hay acciones civiles muy complejas que traban todo el proceso.

¿Mayores penas alcanzan?

Botta Bernaus recuerda que en 1998 cambió el Código Penal y se gravaron las penas, "pero no bajaron los accidentes; el derecho penal no cambia a la sociedad: hay que crear figuras agravadas".

El 1° de mayo de 2002 Kevin Sedano, de 14 años, fue atropellado y abandonado por Eduardo Sukiassian en Vicente López, Buenos Aires; murió una semana después. En 2007, el conductor fue condenado a tres años de prisión por homicidio culposo; estuvo dos meses preso y recuperó la libertad; este año pudo volver a manejar. Viviam Perrone, madre de Kevin e integrante de las Madres del Dolor, coincide en que las penas preventivas son muy importantes, "pero también las que se dictan después del hecho".

Perrone afirma a LA NACION que en el resto del mundo ya se comprobó que las sanciones preventivas reducen el número de accidentes viales: "No hace falta matar a alguien para tener una sentencia efectiva; conducir implica una responsabilidad enorme".

En esa línea, el diputado Petri indica que con la nueva iniciativa se busca un abordaje integral. De todos los siniestros viales se calcula que el 80% se relaciona con el factor humano, entre el 5 y el 7% con el mecánico y el resto, con lo ambiental (como la traza de los caminos o las condiciones climáticas).

Botta Bernaus subraya que el sistema penal debe ser "inflexible" ante ciertas conductas, como la fuga del conductor y picadas. Según Perrone, fallan los controles y cuando bajan los procedimientos "la gente deja de cuidarse". En el futuro proyecto incluirán el aumento del tiempo límite para recuperar el carnet de conductor, que hoy es de 10 años. Petri admite que el sistema de scoring "no funciona; hay que revisarlo".