Los propietarios de una empresa de transportes, condenados por obligar a un empleado accidentado a firmar que había una seguridad inexistente

Una pareja propietaria de una empresa de transportes reconoció haber obligado a un empleado que sufrió un accidente laboral a firmar unos documentos cuando estaba convaleciente conforme le habían realizado, con fecha posterior al siniestro, un test de evaluación sobre un manual de prevención de riesgos laborales.

También admitieron que le instaron a rubricar un justificante de entrega de equipos de protección, un escrito conforme había recibido información y formación sobre riesgos en el trabajo y un documento en el que renunciaba a someterse a los exámenes de vigilancia de la salud. Todos ellos, con fechas anteriores al siniestro, eran falsos.

Los procesados, que fueron asistidos por el letrado José Ramón Sierra, aceptaron ser condenados a un año de cárcel y a abonar una indemnización de 11.000 euros a la víctima. De esta forma, evitaron ingresar en prisión, ya que la condena es inferior a dos años y carecen de antecedentes penales. Ambos se presentaron en el hospital Quirón, donde permanecía ingresada la víctima, el 2 de abril de 2013 y le llevaron los escritos para que los firmase "con ánimo de eludir las posibles responsabilidades en las que podían haber incurrido por el accidente sufrido por el trabajador" el 27 de marzo de 2013. El hombre sufrió "importantes lesiones" en una pierna cuando realizaba servicios profesionales para la compañía de transportes de los sospechosos. Los imputados, un hombre y una mujer, consiguieron la firma del afectado, quien, según reconocieron los acusados, "no se encontraba en plenas condiciones para entender lo que estaba firmando", ya que estaba bajo el efecto de la medicación y de "fuertes calmantes".

La Fiscalía imputaba a cada uno de los sospechosos un delito continuado de falsificación en documento oficial por el que exigía que fuesen condenados a dos años y nueve meses de cárcel y al pago de una multa de 7.200 euros. Además, el representante del Ministerio público consideraba probado que el dueño de la empresa regresó cinco días después al hospital coruñés para entregarle una copia de los documentos y, como el afectado le dijo que no estaba de acuerdo con lo que había firmado, le espetó: "Si me denuncias te despido y si te tengo que matar, lo hago". El procesado admitió ayer los hechos.

El abogado que representa los intereses de la víctima solicitaba al juez que cada uno de los empresarios fuese sentenciado a cuatro años y medio de prisión y a abonar una multa de 7.200 euros. La acusación particular les imputaba, al igual que la Fiscalía, un delito continuado de falsificación en documento oficial. Al procesado, además, lo acusaba de un delito de amenazas en concurso con un delito de coacciones, ya que sostenía que "las amenazas" fueron "en superioridad". Finalmente, la defensa llegó a un acuerdo sobre la pena con las acusaciones. Cada uno de los imputados fue condenado a un año de cárcel tras declararse culpable y ambos deberán indemnizar a la víctima con 11.000 euros.

Fuente: La Opinión Coruña