La fábrica que envenenaba a sus trabajadores: dos directivos se enfrentan ahora a penas de tres años de cárcel

El juzgado de lo Penal número 1 de Valencia juzga estos días a dos directivos de la desaparecida Cerámicas Sanitarias Reunida Sociedad Anónima, por haber provocado presuntamente que casi medio centenar de sus trabajadores contrayesen silicosis, una grave enfermedad pulmonar, debido al “incumplimiento reiterado” de las medidas de seguridad. Los anteriores directores técnico y de recursos humanos de la empresa se enfrentan a penas de cárcel y a una indemnización millonaria solicitadas por la fiscalía y los letrados de los empleados. El procedimiento ha tardado 15 años en llegar a juicio.

Cerca del 25% de la plantilla de la compañía de fabricación cerámica con sede en Chiva, al interior de Valencia, enfermó y a muchos de ellos se les ha concedido la incapacidad permanente. Según una de las peritos que ha declarado en el juicio, Isabel Isidro Montes, que trabajó 39 años en el Instituto Nacional de Silicosis de Oviedo, dependiente de la Seguridad Social, la gravedad de la mayoría de los casos podría haberse evitado si cuando se detectó el primer caso, en 1992, la empresa hubiera adoptado “las medidas de precaución necesarias” que establecen las leyes. Ocho años después, la dolencia respiratoria se había extendido a 47 de los 200 trabajadores.

Los acusados, José Francisco Segarra y Francisco Javier Bercero, manifestaron en sus escritos de defensa su “más absoluta disconformidad con el relato fáctico contenido en los escritos de acusación formulados por el ministerio fiscal y las acusaciones particulares”. Durante el juicio, sus abogados han argumentado que desconocían la peligrosidad a la que estaban expuestos los trabajadores y que por ello no dispusieron mejores sistemas de seguridad. También han alegado “dilaciones indebidas” en el proceso, lo que en caso de condena podía reducir las penas en uno o más grados.
La fiscalía solicita que cada directivo sea condenado a tres años de cárcel y a pagar, conjuntamente, ocho millones y medio de euros como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso ideal con un delito de lesiones graves por imprudencia. Las acusaciones particulares elevan la petición de prisión a 12 años para cada director. El médico de la empresa también estuvo imputado, pero el procedimiento contra él ha sido declarado prescrito.

La fábrica de Cerámicas Sanitarias Reunidas, que fue propiedad de Uralita, se inauguró en 1970. Según la descripción de la fiscalía, en la fábrica de Chiva el polvo del mineral se acumulaba en montones en los pasillos y era recogido “con una pala”. No existían sistemas de ventilación en las cabinas de fabricación de sanitarios. Hasta 1980 no se facilitaron mascarillas a los empleados. Y a partir de ese momento se les entregaban “de forma esporádica, siendo las mismas de papel y teniendo que ser lavadas por los propios trabajadores”. En algunos puestos laborales, desde 1996, empezaron a usarse mascarillas de plástico. Pero no fue hasta 2000, con la epidemia de casos declarada en la empresa, “cuando se comenzó a facilitar unas mascarillas con un sistema mecánico y filtros de retención de polvo adecuadas y homologadas a las necesidades del trabajo”.
A los operarios no se les advirtió de la toxicidad de los materiales, no se les pagó el plus de peligrosidad previsto, ni se les sometió a los controles periódicos previstos en la legislación, según el ministerio público.

Rafael Manzanera, uno de los enfermos más graves tras 28 años como ceramista de la empresa, tuvo que someterse a un transplante de los dos pulmones y la tráquea. El análisis forense que obra en el proceso indica que “no puede realizar esfuerzos, no puede correr y no puede subir un piso sin pararse a descansar”. “Para prevenir infecciones debe llevar una mascarilla en determinados casos, evitar lugares con mucha gente, con humo, polvo o aire acondicionado y evitar el exceso de exposición al sol, lo que supone una limitación para muchas actividades de la vida cotidiana”.
  
Fuente: EL PAÍS