Tanto la Inspección de Trabajo como Osalan aprecian indicios de criminalidad en el accidente en el que murió un trabajador en las obras del túnel de Deskarga

El Consejo de Gobierno Foral ha acordado personarse como acusación en el procedimiento judicial por el trabajador fallecido el 18 de septiembre de 2013, mientras trabajaba en las obras de construcción de la GI-632. Hay que recordar que, debido a este accidente laboral, se abrieron las diligencias previas 548/13 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Bergara. La Diputación se presentará precisamente en este procedimiento como acusación popular.

La Inspección de Trabajo considera que se aprecian "indicios racionales de criminalidad" y que puede haber "personas penalmente responsables" en el accidente laboral que el pasado 18 de septiembre costó la vida a un trabajador en un tramo de obras en la carretera GI-632, en el alto de Deskarga.

El operario, que pertenecía a la empresa Aballa S.L, subcontratada por la UTE-Lapatza -compuesta por las empresas Moyúa y Antzibar-, falleció tras precipitarse con el camión articulado que conducía por un terraplén de unos diez metros de altura.

El siniestro laboral se produjo en las obras de construcción de la carretera de Deskarga, en la GI-632 entre Antzuola y Bergara, adjudicadas por la Diputación de Gipuzkoa, que decidió como "medida cautelar" apartar de estos trabajos a la compañía Aballa S.L, tras detectar "algunos indicios de irregularidad", a la espera de los resultados definitivos de las investigaciones.

La directora general de Osalan, Izaskun Urien, y el jefe territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco, Ricardo Mínguez, comparecieron el pasado día 20 de marzo en las Juntas Generales de Gipuzkoa para informar de las pesquisas desarrolladas en torno a este siniestro, cuya "causa principal" parecen ser los "defectos" constatados en los equipos de trabajo.

Urien explicó que, según el informe de Osalan, que tiene 86 páginas, "todo parece indicar" que el accidente es consecuencia de "un fallo en el freno de servicio" del camión, ya que se detectó "una perdida de presión del servicio hidráulico motivado por un fallo en la bomba".

La investigación determina asimismo que el asiento del vehículo no era el original, no se podía regular en altura y carecía de cinturón de seguridad, ha relatado Urien, quien ha destacado la importancia de este hecho dado que el trabajador salió despedido por la ventanilla derecha del vehículo y resultó aplastado después por el remolque.

"Cabe la posibilidad" de que las consecuencias del siniestro "no hubieran sido tan graves" si el empleado hubiera llevado un cinturón de seguridad y no hubiera salido despedido por la ventanilla, ya que la cabina quedó prácticamente intacta, ha añadido.

La responsable de Osalan también ha señalado que, salvo el gerente de la empresa, los trabajadores que habían usado el camión con anterioridad coinciden en que habían detectado "fallos" en su funcionamiento, entre ellos deficiencias en los frenos y el asiento o aparición de "chispas y llamaradas" en algunos trayectos.

El jefe de la Inspección de Trabajo Ricardo Mínguez, por su parte, aseguró que, tras las investigaciones realizadas en torno a este caso, han remitido un informe al Ministerio Fiscal al entender que "se aprecian indicios racionales de criminalidad".

"Esto no es frecuente en los accidentes de trabajo pero, en este caso, se entiende que puede haber personas penalmente responsables", ha insistido Mínguez, al tiempo que ha precisado que será al juez al que corresponderá "determinar las imputaciones a los distintos sujetos que puedan ser responsables".

En cuanto a las sanciones administrativas, desde la Inspección de Trabajo se han propuesto dos sanciones administrativas: una por infracción muy grave a la empresa Aballa, con responsabilidad solidaria de la contratista principal, por importe de más de 160.000 euros.

La segunda sanción sería exclusivamente para la contratista principal por deficiencias en el plan de seguridad y salud, que figura en el proyecto de la obra por importe de 20.000 euros.

No obstante, también se ha propuesto por parte de la Inspección de Trabajo un recargo de entre un 30 o 50 % en las prestaciones que pudieran corresponder a los beneficiarios del operario muerto, una suma que asciende a "cientos de miles de euros" y que, según ha comentado Mínguez, recae "directamente en la empresa, sin poder ser objeto" de cobertura por parte de los seguros contratos por ésta.

A los pocos días de ocurrido el accidente, , "preventivamente" la Diputación decidió apartar, "preventivamente" a Construcciones Aballa de estas obras adjudicadas a la UTE Lapatza, compuesta por las empresas Moyúa y Antzibar, ya que apreció "indicios de irregularidades" en su actuación.

El pasado día 25, a propuesta de la comisión de seguimiento de este tramo de obra del túnel de Descarga se decidió iniciar un expediente administrativo para penalizar a la UTE Lapatza con una penalidad que asciende a la cantidad de un millón 600 mil euros. El precio de adjudicación de la obra llegó a rondar los 40 millones de euros sin IVA. La diputada de movilidad reconoció que es una cantidad muy alta pero considera a su vez que tiene que servir de precedente "porque no se puede seguir trabajando en la obra pública como se venía haciendo, en algún momento se tiene que acabar tanto la precariedad como el incumplimiento de las condiciones de seguridad en este tipo de obras" ha señalado Larraitz Ugarte.

Fuente Propia: Prevención Integral & ORP Conference