La certificadora TÜV Rheinland tendrá que indemnizar a las afectadas por las prótesis mamarias defectuosas PIP

La justicia francesa ha abierto una vía importante para contrarrestar el abandono al que están siendo sometidas las cerca de 19.000 mujeres españolas a quienes se implantaron prótesis mamarias PIP, que resultaron un fraude en su composición química poniendo en peligro la salud de las afectadas.
La certificadora TÜV Rheinland, que fue la compañía que ayudó al fabricante francés Poly Implant Prothèse  a conseguir los permisos de comercialización, y que siempre se ha considerado engañada también por la compañía francesa, quebrada tras el escándalo, ha perdido la apelación a la sentencia del juicio civil de noviembre, en la que un tribunal de Toulon le condenó a indemnizar a las víctimas por “haber faltado a sus obligaciones de control y vigilancia”.

El tribunal de apelación de Aix-en-Provence ha ratificado la sentencia anterior y condenado a TÜV a que pague 3.000 euros a las víctimas, a la espera de los daños individuales. Hay que tener en cuenta que este veredicto se ha producido a pesar de que la certificadora, una multinacional alemana muy potente, que opera en 66 países, entre ellos España, y tiene 16.000 empleados, contaba con una baza importante para su defensa. En la sentencia de diciembre del juicio penal contra el fundador de PIP y cargos de la empresa, el fallo judicial consideró a TÜV Rheinland  como víctima de la estafa.
Por consiguiente, los tribunales civiles de Francia no entienden el caso igual que la justicia penal ni que los tribunales civiles alemanes, donde TÜV Rheinland ha ganado ya dos casos por considerar los jueces que las notificaciones que remite la certificadora no obligan a cerciorarse la calidad de los implantes ni a realizar controles no advertidos de fabricación . Dice la multinacional alemana que el fraude que cometió PIP no lo podía detectar con los medios que la ley le concede a la certificadora. No se entiende muy bien entonces para qué sirven  los sellos que calidad que otorgan estas compañías.
En opinión de la certificadora, la vigilancia del mercado de los artilugios médicos en la Unión Europea corresponde a las autoridades de los países miembros. Las certificadores solamente ayudarían a los fabricantes a cumplir con los requerimientos que exige la directiva europea para declarar conforme a la norma los estándares técnicos del producto al que se le marca como CE.

El hecho es que al ser desestimada la apelación de la sentencia se abre la vía compensatoria en Francia para todas las víctimas de la estafa sanitaria, alrededor de 400.000, aunque sean de otra nacionalidad. La demanda civil la interpusieron  algo más de 1.600 mujeres, entre las cuales un centenar eran inglesas, muchas de Sudamérica y francesas. La sentencia es un gran triunfo para el abogado parisino, Olivier Aumaitre, quien tuvo la idea de ir por la vía civil contra la certificadora, ya que el fabricante PIP era insolvente, al igual que su equipo directivo y el fundador, Jean Claude Mas, condenado solamente a cuatro años de cárcel, al no haberse podido demostrar que la ruptura de las prótesis originase problemas sanitarios. En la demanda civil, también estaban personados distribuidores de las prótesis de seis países, ninguno español.

El ministerio de Sanidad, que encabeza Ana Mato, recomendó en otoño a las afectadas la retirada de las prótesis, pero solamente cubre la operación a las mujeres que recibieron las prótesis por motivos médicos (no más del 5%). El resto, que lo hizo por motivos estéticos, no recibe ayudas y tienen que negociar con las clínicas y los médicos rebajas o fórmulas compensatorias. La Asociación Nacional de Afectadas por las prótesis PP (Anap) ayuda a estas mujeres a defender sus casos.

Fuente: La celosía