Muchas organizaciones, para afrontar la situación actual y en ocasiones utilizándola como excusa, han optado por eliminar, reducir o dar marcha atrás en programas y políticas relacionadas con el bienestar psicosocial de sus trabajadores. Este retroceso de las condiciones psicosociales se refleja en despidos y expedientes de regulación, extensión de las jornadas laborales, reducción de salarios y beneficios, aumento de las cargas de trabajo –por la amortización de puestos-, menor participación de los trabajadores en decisiones que les afectan, en muchas ocasiones lejanas a la realidad del puesto y de los clientes, o que no responden a un planteamiento sostenible en el medio y largo plazo, pérdida de cercanía en las relaciones con la dirección, falta de transparencia y claridad en la comunicación corporativa interna, percepción de inseguridad e incertidumbre, etc.