Los dos acusados, uno de ellos la gerente de la empresa, se enfrentan a penas de dos años de prisión y las firmas responsables, al pago de 867.500 euros
La resolución reconoce la obligación de aplicar el principio de cautela previsto en la legislación europea por la gran probabilidad de efectos cancerígenos y de alteración hormonal en seres humanos y por el impacto para el medio ambiente, así como la falta de transparencia de la EFSA