La Audiencia de Madrid imputa al director de la Policía por no dar a los agentes material de protección frente al coronavirus

La Audiencia de Madrid ha imputado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo al no haber proporcionado a los agentes material de protección frente al coronavirus. La imputación se extiende a la ex subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, Pilar Allué.

El tribunal revoca así la decisión inicial del juzgado 34 de Madrid, que inadmitió la querella interpuesta por Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, al estimar que los hechos que denunciaban no tenían relevancia penal. La Fiscalía se había opuesto a la estimación del recurso del sindicato contra esa inadmisión.

La Sala ordena expresamente al juez que tome declaración como investigados a Pardo y Allué. Si bien limita la imputación a ambos y "exclusivamente" por el delito contra la seguridad en el trabajo, los magistrados indican que el juez instructor podrá, si lo considera, ampliar la lista de investigados y delitos.

La querella de Jupol iba también dirigida, entre otros, contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La Audiencia rechaza ordenar la imputación de ambos alegando que sus casos estaban ya en estudio en otros juzgados de la capital.

La advertencia del jefe de Prevención de Riesgos Laborales

Para respaldar las imputaciones, la Sala hace "especial consideración" del auto del pasado diciembre en el que el Tribunal Supremo rechazó investigar a miembros del Gobierno, pero instó a los juzgados ordinarios a emprender investigaciones previas sobre personas no aforadas que pudieran arrojar luz sobre la responsabilidad de miembros del Ejecutivo.

Además, el tribunal considera que la querella ofrece datos que no permiten descartar la comisión del delito. Por ejemplo, que el jefe de Prevención de Riesgos Laborales al inicio de la pandemia, Juan Antonio Nieto, remitió ya en el mes de enero a Allué un informe con las medidas de protección que se debían adoptar frente al virus. Adjuntamos el texto completo del informe.

Según los querellantes, la responsable de Recursos Humanos lo ignoró. Nieto fue destituido y Allué está hoy destinada en la codiciada embajada en Roma.

Además de las imputaciones, el tribunal ordena al juez instructor que tome declaración como testigo a Nieto, así como al jefe Superior de Policía de Madrid, Jorge Manuel Martí. Igualmente, ordena que esta Jefatura Superior aporte "las comunicaciones con instancias superiores" en las que transmitiera la solicitud de los medios materiales presentadas por el sindicato a principios de febrero 2020.

El informe, publicado en la web de la Policía, pedía "proporcionar las medidas de protección necesarias, relativas a la utilización de guantes de nitrilo, de un solo uso en cacheos, inspección de equipajes o documentación, así como la utilización de mascarillas FFP2 en el control de documentación a todos los pasajeros procedentes de cualquier ciudad de China u otras zonas afectadas".

CAMEL-11 en La Junquera

"Sin duda, es un documento relevante en orden a la investigación de los indicios de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores", dice la Audiencia, que también resalta "las reiteradas peticiones de material" de los agentes a la superioridad y episodios concretos relatados en la querella, en particular uno que reflejaría la falta de protección de agentes enviados a la frontera de La Junquera.

Sobre este último punto, la querella de Jupol relataba lo sucedido entre el 9 de marzo y el 20 de marzo de 2020 con el Subgrupo Operativo de Madrid con indicativo CAMEL-11, enviado en comisión de servicio a la Comisaría de La Junquera.

Varios de sus miembros, que habían tenido relación con ciudadanos italianos, mostraron síntomas de coronavirus. Se comunicó a los superiores y finalmente quedaron confinados en un hotel.

Allí compartían habitaciones sintomáticos y no sintomáticos, además de solaparse con otros dos grupos de agentes provenientes de Zaragoza y Madrid antes de ser trasladados a la capital para continuar el confinamiento en el complejo policial de Moratalaz.

Altos cargos y mandos

"Lo anterior", decía la querella, "evidencia que la falta de actuación de los querellados no se refiere sólo a una imprevisión en la compra de materiales de prevención del contagio de Covid-19. La ausencia de cualquier tipo de medida organizativa, limitativa de movimientos entre provincias relativa a funcionarios sospechosos de estar contagiados, y debidamente comunicada al superior competente, expuso a los agentes implicados en las comunicaciones transcritas, a sus familias y a sus compañeros de Madrid, a un altísimo e inadmisible riesgo de contagio".

La querella de Jupol pedía imputar también por un delito de prevaricación por omisión, a Rafael Pérez Ruiz (secretario de Estado de Seguridad), Alberto Herrera Rodríguez (subsecretario de Estado de Sanidad), Pilar Aparicio Azcárraga (directora general de Salud Pública, Calidad de Innovación), José Ángel González Jiménez (director adjunto operativo) y José García Molina (subdirector general de Logística de Innovación).

El tribunal rechaza investigarles en este momento al considerar que la querella no es suficientemente concreta sobre la acción u omisión delictiva que atribuye a cada uno de ellos. Para ello también se apoya en la resolución del Supremo sobre las querellas contra aforados, que consideraba demasiado vagas las imputaciones de prevaricación por omisión.

Fuente: Elmundo