Condenado a 15 meses de prisión un exalcalde por humillar a la interventora

El exalcalde de Pallejà (Barcelona), Ismael Álvarez Serrano (CiU), se prevalió de la superioridad de su cargo para ejercer un hostigamiento sistemático hacia la interventora del Ayuntamiento y forzar que se marchara. Así lo ha considerado probado la Audiencia de Barcelona que lo ha condenado a una pena de 15 meses de prisión por un delito contra la integridad moral­– acoso grave– y otro de prevaricación y a una inhabilitación por un periodo de ocho años y medio.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el exalcalde llevó a cabo “actos hostiles y humillantes de modo sistemático durante dos años contra la interventora municipal para apartarla del Ayuntamiento, fuera cual fuere el costo profesional y personal para la mujer”.

Los hechos se remontan a marzo de 2012. La funcionaria Gemma V. ingresó en el Ayuntamiento, a petición del equipo de gobierno, para prestar sus servicios como interventora después de que se detectaran desajustes en las cuentas municipales. De buen principio surgieron discrepancias puesto que la mujer alzó la voz ante las irregularidades que detectó. Algunas de ellas tenían que ver con el alcalde, a quien llamó la atención por llenar el depósito de gasolina de su coche y pagar comidas con dinero del Ayuntamiento.

En paralelo, la mujer le comentó a Álvarez que el gerente municipal –cargo de confianza del alcalde– se le “insinuaba y le hacía proposiciones sexuales”. La respuesta del edil fue que su “labor fiscalizadora alteraba el status quo del equipo de gobierno y que hechos como los que le comunicaba podían afectar a su imagen pública”. Por ello le pidió que renunciara a su puesto y se marchase del Ayuntamiento.

A partir de entonces empezó el hostigamiento hacia la interventora. El alcalde primero comunicó al resto de funcionarios que había pedido a la interventora que se marchara “por no llevarse bien con la secretaria y con el gerente”. Destacó que no tenía que ver con su preparación sino “por su carácter”. El anuncio de la pérdida de confianza hacia la interventora se hizo público también a través de los medios de comunicación e incluso, pasado el tiempo, reiteró que se estaban planteando abrir más expedientes, lo que constituyó según el tribunal “una campaña de hostigamiento orquestada para conseguir por medio del desprestigio profesional que perdiera o renunciara a su puesto”.

Cruce de denuncias archivadas

Finalmente la mujer interpuso una denuncia contra el gerente por acoso sexual, que sería archivada tiempo después si bien acreditó que le había pedido mantener una relación sentimental. El alcalde Álvarez respondió poniendo una querella por injurias contra la mujer, que la obligó a ser apartada de su cargo hasta que se resolviera. A los pocos meses, el juzgado archivó aquella denuncia al ver que no había base para condenarla y se sirvió de “un presupuesto falaz” para apartarla.

Al recuperar su plaza, la mujer se topó con dos nuevos impedimentos dictados por el alcalde: primero la conminó a pedirse vacaciones y cuando volvió la cambiaron de despacho otorgándole uno con las sillas y las cortinas rotas. Le quitaron el móvil, le prohibieron llevarse el portátil a su casa y la obligaron a devolver las llaves del Ayuntamiento. Con posterioridad su equipo en la intervención municipal fue recortado pasando de cuatro personas a una.

Los compañeros de la interventora aseguraron que la mujer era una buena profesional y que su comportamiento era correcto, igual que ratificó la alcaldesa de Abrera, donde había prestado anteriormente sus servicios.

El tribunal ha dictado una sentencia condenatoria a petición de la acusación particular ejercida por la interventora y representada por el abogado José Luís Bravo, a pesar de que la fiscalía pedía la absolución para el exalcalde.

Fuente. La Vanguardia