Accidente del Alvia en Santiago: La comisión de investigación considera al maquinista único culpable por ir demasiado rápido y hablando por teléfono

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) adscrita al Ministerio de Fomento tiene ya su diagnóstico definitivo sobre el peor siniestro de la historia reciente del ferrocarril en Europa. La causa del descarrilamiento del Alvia el pasado 24 de julio a las puertas de Santiago de Compostela con 79 personas muertas fue “un exceso de velocidad del tren por no respetar el personal de conducción lo prescrito en el libro horario ni el cuadro de velocidades”.

El informe remitido el día 3 de junio al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago culpa al conductor Francisco José Garzón por no haber respetado la velocidad a la entrada de la curva de A Grandeira —donde el ferrocarril se salió de la vía e impactó contra un talud— y señala como “causa coadyuvante” la falta de atención del maquinista, “al responder este una llamada telefónica de servicio del propio tren, proveniente de interventor, lo que motivó la no aplicación del freno de forma adecuada para reducir la velocidad”.

Los informes periciales recibidos hasta ahora por el juez son de un tono marcadamente distinto. El cuarto de los seis peritajes provisionales sobre el accidente recibidos en el juzgado que instruye la causa considera que Adif debía haber adoptado “medidas adicionales de seguridad” en la curva de Angrois, a la entrada de Santiago. Es el tercer informe que analiza el diseño de la línea —otro ratificó que el tren estaba bien— y coincide con los anteriores en apuntar las mismas lagunas de seguridad y la “confusión” de las señales existentes.

La peculiaridad de este análisis es que proviene de un perito designado por la aseguradora de Renfe, QBE, interesada en que Adif comparta culpas con el maquinista del Alvia, único imputado, para rebajar las indemnizaciones que pueda tener que pagar.

El peritaje, firmado por el ingeniero de Telecomunicaciones holandés Frans Heijnen, considera que “una curva de radio tan pronunciado” como Angrois implicaba una reducción tan “significativa” de velocidad, de 200 o 300 kilómetros por hora a 80, que “debería bastar para prever un riesgo y adoptar medidas adicionales”. El experto considera que la fundamental debió ser proteger la curva con el ERTMS, el sistema de control constante de velocidad, que en la línea Ourense-Santiago solo estaba instalado hasta el kilómetro 80, cuatro antes de Angrois.

Sobre la base de dichos peritajes el juez de Santiago Luis Aláez consideró que intereses “circunstanciales y superpuestos a la seguridad en la circulación” influyeron supuestamente en la apertura “sin medidas de seguridad suficientes” de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. A pocos días de dejar el caso a petición propia, Aláez emitió el 9 de mayo un auto en el que citaba a declarar como imputados a 11 ex altos cargos de Adif —gestor público de las vías férreas—, responsables cuando se inauguró la línea en diciembre de 2011, entre ellos al último presidente nombrado por el PSOE.

A todos los señalaba como “potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones”. La totalidad de ellos se han negado a declarar ante el juez.

Fuente: EL PAÍS

Nota: Imagen publicada bajo licencia Creative Commons BY-SA