El CGPJ, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo firman un convenio para combatir la siniestralidad laboral y evitar la impunidad de sus responsables

El CGPJ, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo firman un convenio para combatir la siniestralidad laboral y evitar la impunidad de sus responsables

Las instituciones que firman el convenio tienen la voluntad de establecer un marco general de colaboración entre todas las administraciones implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, una “lacra”, señala el texto, que en los últimos años ha alcanzado “proporciones muy preocupantes” en España
29 Noviembre 2022

El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo han suscrito un convenio de colaboración que permite agilizar la detección y alerta ante los accidentes de trabajo graves y garantiza así la eficacia de la investigación sobre sus causas y el enjuiciamiento de sus responsables. El acuerdo ha sido presentado hoy en la sede de la Fiscalía General del Estado.

Las instituciones que firman el convenio tienen la voluntad de establecer un marco general de colaboración entre todas las administraciones implicadas en la lucha contra la siniestralidad laboral, una “lacra”, señala el texto, que en los últimos años ha alcanzado “proporciones muy preocupantes” en España.

Mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación y de canales de comunicación ágiles entre los actores implicados, el convenio tiene la finalidad de alcanzar unos objetivos “básicos”, como son agilizar la detección y alerta ante un accidente de trabajo grave para reducir los tiempos de inicio de la investigación; garantizar el desarrollo eficaz de dicha investigación; facilitar la labor del juez de instrucción y del fiscal a los efectos de identificar desde el primer momento los casos penalmente relevantes, y posibilitar la persecución penal de los delitos de riesgo por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales.

También figura como objetivo básico del convenio la mejora de la comunicación entre la Administración de Justicia y los órganos administrativos competentes, lo que permitirá garantizar el principio “non bis in idem” y, en el caso de acordarse el archivo judicial, permitirá proseguir en vía administrativa la tramitación del correspondiente expediente sancionador. Y, por último, es también un objetivo prioritario facilitar a jueces y fiscales la investigación relativa a la titularidad mercantil, vínculos societarios y relaciones de las empresas implicadas en procedimientos judiciales por este tipo de delitos con el fin de agilizar la ejecución de las sentencias condenatorias y de evitar que los responsables eludan sus eventuales responsabilidades.

El convenio, cuya vigencia es de cuatro años, establece también los protocolos de actuación que deberán seguirse en el caso de accidentes con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves; el correspondiente a la indagación de los delitos de riesgo y el relativo a la ejecución de las sentencias condenatorias.

Por ello entre otras cuestiones, con este nuevo convenio se define la actuación que deben seguir los diferentes actores implicados en la investigación de los accidentes más graves. Así, respecto a la Policía Judicial establece que deberá actuar con “rapidez” para preservar las pruebas necesarias. Sus agentes tendrán que poner especial atención a la identificación de los testigos y la información que puedan facilitar sobre la existencia o no de medidas de seguridad, así como de denuncias previas ante la propia empresa sobre esta cuestión.

Además, la Policía Judicial podrá averiguar las distintas empresas que intervienen, incluso en régimen de subcontratación, en el trabajo en que se produjeron los hechos, así como los responsables y patrones de las mismas. Todo ello con la finalidad de hacer atestados “rigurosos” que permitan facilitar la labor posterior de jueces y fiscales en la investigación de los hechos y poder condenar a los culpables.

El documento también da relevancia a la actuación de los inspectores de trabajo. En el convenio figura que estos funcionarios deberán desplazarse “inmediatamente” al lugar del accidente para valorar los medios de protección colectiva (redes, barandillas…) e individuales (cascos, botas, cinturón, guantes…) existentes, así como realizar cualquier otra actuación que permita comprobar las circunstancias del accidente, sus causas y sus posibles responsables.

También se incrementará la formación en la prevención, desarrollando planes de formación sobre siniestralidad laboral y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los que se podrán beneficiar los distintos actores implicados como los fiscales, jueces, inspectores de trabajo, médicos forenses, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los técnicos en Seguridad de Higiene en el Trabajo.

Las partes se comprometen a promover la firma de acuerdos con las Comunidades Autónomas, dada la importancia que para la consecución de los objetivos del convenio tiene la participación de las administraciones competentes en materia sanitaria y laboral.

También se comprometen a fomentar un acuerdo entre trabajadores, empresas, entidades sociales y administraciones públicas con el objeto de erradicar o, al menos, minimizar este problema, así como a promover campañas de sensibilización social.

Fuente: CGPJ y MundoObrero

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