Trabajo quiere que una parte de los fondos de políticas activas de empleo para las comunidades dependan de objetivos

El Ministerio de Trabajo ya tiene avanzada y negociada su propuesta para reformar las políticas activas de empleo como exige Bruselas y contempla el plan de recuperación. Su plan pasa, entre otras cosas, porque buena parte del dinero que las comunidades reciben para desarrollar estas políticas esté sujeto al cumplimiento de una serie de indicadores. Otro elemento significativo son los recursos que pretende inyectar el Ejecutivo: 3.500 millones de euros, de los que 2.100 millones probablemente se repartirán el próximo 28 de abril en la conferencia sectorial de empleo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, según han explicado la ministra Yolanda Díaz y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, este viernes.

El porcentaje que Trabajo pretende que dependa del cumplimiento de objetivos asciende al 45%. De momento, de los 2.100 millones que se van a poner ya sobre la mesa, 1.300 millones se regirían con esta fórmula. Ni la ministra ni el secretario de Estado han querido precisar cómo serían los objetivos ni los indicadores argumentando que están negociándolo, en paralelo, con las autonomías y los agentes sociales. Con ambas partes llevan meses tratando esta reforma, que es uno de los cambios prometidos a Bruselas para la llegada de los fondos europeos para la recuperación. La intención sería, según ha explicado Pérez Rey, construir también “un mapa de indicadores con hitos a los seis, 12 y 18 meses”. Esto, según han explicado ambos políticos, pasa por la reforma de la Ley de Empleo del año 2015.

“El mecanismo es en la línea de un bonus positivo o uno negativo” en función de los resultados, ha apuntado Díaz. La intención del Ejecutivo es que la Airef se encargue de la evaluación. Este organismo ya hizo un examen en profundidad de estas políticas en España en 2019, cuando lo presidía José Luis Escrivá, y concluyó que hacía falta un “cambio radical”.

Los 2.100 millones de euros que Trabajo tiene intención de pactar con las comunidades el próximo 28 de abril contienen 800 millones adicionales sobre lo previsto en principio, unos 1.300 millones. A esa primera cantidad hay que sumar casi 260 millones para el fomento del empleo agrario y otros 1.100 millones contemplados en los fondos europeos para la recuperación. Dentro de esta partida hay que incluir 175 millones para la modernización y la digitalización del SEPE.

En la presentación de estos planes, Díaz ha admitido que España es un país que siempre ha tenido un problema con las políticas para la inserción de parados y la formación y recualificación de quienes tienen trabajo. “Nuestro país no tiene buenos ejemplos”, ha asumido de forma general, aunque también ha señalado que hay comunidades con mejores prácticas.

Díaz ha apuntado que sus planes pasan por estabilizar la plantilla de orientadores laborales que hay en España. Ahora muchos de ellos están contratados dentro de programas anuales. En estos se incluyen los 3.000 que el primer Gobierno de Sánchez, tras la moción de censura, contrató. Se trataría ahora de estabilizarles porque, como ha señalado la propia ministra, “no tiene sentido” que quienes se dedican a buscar empleo para otros estén en situación de precariedad.

Otro de los puntos en los que han puesto énfasis los responsables del Ministerio de Trabajo es la lucha contra el desempleo juvenil, otro de los elementos que reclama Bruselas y en los que España destaca negativamente dentro de la UE. A este fin, la intención es destinar 600 millones de los que se repartirán en la conferencia sectorial. Aunque no serían estos los únicos fondos para este capítulo.