Las irregularidades en la gestión de Activa mutua llegan al juzgado

La Fiscalía acusa a la excúpula de esta entidad, sancionada ya por pagar sobresueldos y permitir gastos ilegales, de malversación de caudales públicos. La acusación se dirige contra cinco directivos, según ha podido saber EL PAÍS. Además, Joan Piñol, alcalde de Móra d’Ebre y exdiputado provincial de Junts, está acusado de cobrar un sueldo de la mutua durante tres años sin ir a trabajar.

Activa es una de las 19 mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, antes llamadas mutuas de accidentes de trabajo, entidades sin ánimo de lucro que gestionan millones de euros de dinero público procedente de las cotizaciones de trabajadores y empresarios. En los últimos años la gestión de varias de estas entidades ha estado en entredicho por diversas irregularidades. El Ministerio de Empleo tuvo que intervenir dos de ellas, Mutua Canaria y Mutua Universal, y otras están o han estado inmersas en procedimientos judiciales por defraudar a la Seguridad Social.

Las irregularidades en Activa Mutua se conocieron en junio de 2017, cuando EL PAÍS desveló denuncias de prácticas presuntamente ilegales, como la captación de nuevos clientes —actividad comercial que la ley prohíbe a las mutuas—, contratos a dedo y favores a determinadas empresas e individuos. La Seguridad Social puso a sus inspectores a investigar y dos años después, en junio de 2019, el Consejo de Ministros propuso una sanción de casi un millón de euros a la entidad. Entre otras cosas, los investigadores descubrieron que la mutua infló las indemnizaciones por despido y actuó con ánimo de lucro. En paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía Anticorrupción investigó los hechos durante más de un año. Este verano, presentó su escrito de acusación contra seis personas.

Un juzgado de Reus ha empezado a fijar las declaraciones de siete testigos para diciembre y está previsto que varios de los investigados declaren en enero. Los hechos investigados se limitan a los años 2016, 2017 y 2018, pese a que las denuncias de los extrabajadores aportaban documentación de prácticas irregulares anteriores a esa fecha. Entre los investigados se encuentra Miquel Àngel Puig, director gerente de Activa Mutua entre 2011 y 2018 —fue despedido unos meses después de conocerse la investigación de Fiscalía—, y José Ángel Zabalza, subdirector en esa época y que sigue figurando en el organigrama de la mutua.

Tras la sanción por los gastos irregulares, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomó la decisión de tutelar a la entidad y a su equipo directivo. Después de la salida de Puig, la mutua pretendía que el nuevo gerente fuera Zabalza, pero Trabajo no ratificó el nombramiento. Poco después sí dio su autorización a la llegada de Miguel Ángel Díaz Peña, inspector de Trabajo ya jubilado y mano derecha del secretario de Estado de la Seguridad Social en la época de Rodríguez Zapatero, Octavio Granado.

″De los seis cargos directivos de la época objeto de la sanción (2015-2017) solo uno ocupa actualmente cargo directivo", señaló Activa Mutua, que este miércoles aseguró desconocer cuántos directivos están imputados. “Excepto este cargo directivo, el resto de excargos que no han sido objeto de despido, permanecen realizando trabajos profesionales de base, en puestos de asesoría y soporte a las delegaciones, sin funciones ejecutivas ni personal a su cargo”, añadió en respuesta escrita. EL PAÍS se puso en contacto con Puig, que rehusó comentar la acusación, y con Piñol, que dijo desconocer que estaba siendo investigado judicialmente por este caso.

Según fuentes de la mutua que piden anonimato, Díaz Peña “hizo limpieza” de los cargos presuntamente corruptos y reorganizó el organigrama de la entidad, que tiene casi 800 trabajadores y da servicio a 65.000 empresas. Tras la marcha de Díaz Peña hace unos meses, por una baja laboral, varios responsables de los hechos denunciados han vuelto a ocupar puestos directivos. “Y en la Seguridad Social no se están enterando”, añade. La Dirección General de la Organización de la Seguridad Social ha recibido un escrito denunciando que varios directores territoriales que Díaz Peña había destituido vuelven a tener puestos de responsabilidad. Uno de ellos fue el jefe del alcalde que presuntamente cobraba sin trabajar.

En el último año “se ha reforzado el seguimiento de la mutua y se ha dado cuenta a la inspección, a la intervención y a la policía de las posibles irregularidades”, señaló por su parte una portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Fuente: EL PAÍS