Se cumplen 125 años de la explosión del polvorín de Sant Ferran (Palma de Mallorca) que causó 97 muertos

Una pequeña representación de UGT, debido a las restricciones por la pandemia, rindió un homenaje con una ofrenda floral en el cementerio de Palma a los 97 trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres y niñas, que murieron el 25 de noviembre de 1895 en el accidente laboral del polvorín de San Fernando, y recordó a las once personas que han muerto este año mientras estaban trabajando o iban a trabajar.

Durante el homenaje, UGT ha destacado que una tragedia de estas dimensiones no se debe olvidar que no se puede permitir que una negligencia empresarial, como la que se cometió hace 125 años, vuelva a pasar. Además, el sindicato ha denunciado que Baleares sigue siendo una de las comunidades con más accidentes laborales en relación al número de afiliados a la Seguridad Social, a pesar del parón de actividad por la pandemia.

El accidente laboral del polvorín de San Fernando, situado en revellín de Can Pelat -aproximadamente donde ahora está el edificio de Hacienda en la calle Cecilio Metel-, ocurrió mientras un centenar de trabajadores y trabajadoras estaban recuperando pólvora y otros materiales obsoletos que habían servido de munición en el Ejército español.

Las medidas de prevención eran prácticamente inexistentes. Se calculó que en el momento de la explosión debía haber más de 100 kilogramos de pólvora a los pies de los trabajadores. Una detonación desencadenó la tragedia. Cerca de cincuenta trabajadores, casi todas mujeres y niñas, murieron al instante. El resto, lo hicieron en pocas horas o días, sin que tengamos constancia de que hubiera supervivientes.

Tan sólo había transcurrido un mes desde que un empresario catalán, Gabriel Padrós, había conseguido la contrata del ejército para inutilizar el armamento. Si hubiera aplicado las medidas de prevención de aquella época, probablemente, no habría ocurrido una desgracia como aquella.

La justicia civil y la militar condenaron al empresario Gabriel Padrós por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar la catástrofe. Se le consideró culpable de homicidio involuntario y fue condenado a tres años y tres días de prisión y a indemnizar a las víctimas. Pagó 1.000 pesetas de la época por cada muerto.

Todo Mallorca y el resto de España se conmovió por el suceso, lo que provocó que se abrieran cuentas de donaciones y colectas por todo el país. Pero con los años se borró del recuerdo uno de los accidentes laborales más sangrientas del país. Un recuerdo que UGT quiere mantener vivo porque algunos empresarios en el siglo XXI todavía tienen el objetivo de reducir al máximo los costes de producción para sacar la máxima rentabilidad sin pensar en la seguridad de los trabajadores.

El contexto histórico y social de la época era caldo de cultivo para la tragedia laboral. En 1895 la Revolución Industrial en España empezaba a generar actividad en las fábricas con una mecanización deficiente y una preparación laboral escasa. El incremento de dinero promovido por el Banco de España para financiar la Guerra Colonial, la depreciación de la peseta y una inflación superior al 12% mermaban el poder adquisitivo de una población agobiada por los altos tributos y gravámenes necesarios para financiar el conflicto. Por lo tanto, la clase trabajadora sufría una presión importante para poder sobrevivir y el empresariado escatimaba recursos para aumentar al máximo sus beneficios.

Actualmente, la precariedad instalada en España desde las reformas laborales ha provocado un incremento de la siniestralidad. Se ha hecho mucho para instaurar protocolos de prevención pero todavía no es suficiente para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y trabajadoras y más con las efectos de la Covidien.

Fuente: UGTbalears y Diariodemallorca