Dos nuevos estudios muestran la eficacia de las tasas y restricciones a las bebidas azucaradas para combatir la obesidad

Dos estudios publicados en la revista PLOS muestran el éxito de medidas restrictivas contra las bebidas azucaradas, como la Coca Cola, para frenar la creciente obesidad, directamente relacionada con el consumo de refrescos y comida basura. Mientras que la política fiscal de imponer una tasa a estas bebidas ha conseguido rebajar sensiblemente el consumo en Reino Unido y echar por tierra los argumentos contrarios a la medida que esgrime el lobby de refrescos, Chile ha obtenido también un resultado muy plausible tras elevar los impuestos y restringir la publicidad de alimentos no saludables, exigir etiquetado llamativo de advertencia y otras regulaciones.

En el estudio británico, cuyo texto completo adjuntamos,llevado a cabo por varias universidades y patrocinado por el National Institute for Health Research, se ha observado que desde que se introdujo en 2018 la Soft Drinks Industry Levy (una tasa sobre el azúcar), los fabricantes han reducido sensiblemente las cantidades de dulce que incorporan las bebidas. Los cambios en la formulación tras subir la tasa han sido muy superiores a los que tomaba la industria de forma voluntaria, tras ser apuntada por las autoridades sanitarias de todo el mundo, por causar obesidad y desórdenes como diabetes y enfermedades coronarias.

La Organización Mundial de la Salud ha apostado por elevar los impuestos y el lobby de los fabricantes había alegado que no hay evidencia de la relación directa entre tasa y menos ingesta, lo que ha quedado rebatido ahora con el estudio británico. La tasa se aplica a bebidas que contengan más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Mientras que antes  de la implantación del impuesto, el 52% de las bebidas analizadas entraban en el sobrecoste, actualmente sólo un 15% es susceptible de ser tasada.

El doctor Scarborough, que ha liderado el estudio, ha recomendado a las autoridades sanitarias que amplíen esta tasa a bebidas que están exentas, como las basadas en leche. Este investigador subraya que el resultado muestra que la intervención fiscal es útil y efectiva para mejorar la dieta de la población, ya que reduce el nivel de azúcar en el producto de consumo y eleva los precios de los más azucarados. En opinión de Scarborough, la tasa tiene más influencia en la reducción del azúcar que medidas no fiscales como los avisos de etiquetado.

En el otro estudio publicado en PLOS, que analiza las medidas tomadas por Chile, cuyo texto completo también adjuntamos, con su ley de etiquetado y publicidad de la comida y bebida, que se aprobó en 2016 y fue pionera en el mundo en remarcar distintivos de alerta en las etiquetas, restringir la publicidad dirigida a niños y prohibir la venta en las escuelas de comida y bebida con azúcares añadidos, y grasas saturadas hasta un límite, también se ha constatado su éxito.

Las compras de estas bebidas bajaron significativamente, en torno al 24%, desde la introducción de la ley en Chile, y estas reducciones fueron mayores incluso que las ocurridas cuando se introdujeron tasas. El estudio mostró que los mayores descensos en el consumo de estos productos insanos se produjeron entre la población más instruida. Chile era en 2016 cuando se introdujeron las normas (dos años antes se aumentaron los impuestos) uno de los países con mayor índice de obesidad, que alcanzaba a tres cuartas partes de los adultos y más de la mitad de los niños, habiéndose disparado los costes sanitarios del país.

La batalla contra las bebidas azucaradas, cuyas técnicas de comercialización han sido deplorables y de barra libre durante demasiados años, comienza a ganarse, con impuestos y regulación severa. Ahora hay que continuar con subidas de impuestos para los alimentos procesados, como pizzas, fideos instantáneos y otros productos de comida rápida, que aportan la mayor parte de las calorías consumidas en los hogares. En España todavía se impone la autorregulación que reclama la industria, pero en Catalunya se impuso una tasa, ahora anulada por una sentencia del Tribunal Superior, por entender que faltaron trámites esenciales en la consulta, audiencia e información pública.

No obstante, el nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya ha dejado claro que uno de los fundamentos de su programa es dar la batalla en todos los frentes contra la comida y bebida basura. Al respecto Mauricio García de Quevedo, director del lobby de las industrias de alimentos y bebidas (FIAB) ha manifestado su rechazo a medidas fiscales, de las que asegura que no hay evidencia científica de que sean eficaces para cambiar de hábitos, y declarado que «nunca como ahora ha habido una oferta de productos tan segura, variada y adaptada a gustos, necesidades y capacidad adquisitiva de los ciudadanos».

Fuente: La Celosía