El Gobierno prepara un real decreto que quiere prohibir la comercialización de vehículos de más de cuarenta años que no tengan bastidor o cabina homologada

El año pasado cerca de 30.000 tractores de más de veinte años cambiaron de manos en España, según el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (Roma). Aunque no hay datos de cuántos de ellos tenían más de cuatro décadas, las transacciones haberlas hailas. Pero el alto índice de accidentes registrados en vehículos antiguos que carecen de medidas de seguridad como la cabina antivuelco y la urgencia de usar maquinaria agrícola más respetuosa con el medio ambiente han llevado al Ministerio de Agricultura a diseñar un real decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola que, además de actualizar el funcionamiento del Roma, pondrá coto a los tractores antiguos que carecen de bastidores o cabinas homologadas. 

De salir adelante quedará prohibida la comercialización de tractores que carezcan de cabina homologada, incluidos los pascualines, aquellos que pesan menos de 600 kilos. Entre otras cosas, el proyecto de real decreto apunta que no podrá hacerse un cambio de titularidad de los tractores agrícolas cuya fecha de inscripción en el Roma sea igual o superior a los 40 años cuando estos no tengan una esrtuctura de protección homologada.

No afectaría en cambio a aquellos procedentes de una herencia. Tampoco podrán inscribirse en el registro agrícola aquellos que procedan de otros estados miembros cuando no tengan esa cabina antivuelco. 

Los tractores de segunda mano que vengan de otros paísese de la UE y cuya fecha de puesta en fucnionamiento sea inferior  al 30 de junio del 2001 tampoco podrán inscribirse. La razón es evitar que la agricultura española incorpore vehículos altamente contaminantes. Tampoco podrán inscribirse las máquinas automotrices anteriores al 31 de diciembre de 1998.

Pero los agricultores no quieren jubilar por obligación sus viejos y peligrosos tractores. Con más de 35 años en servicio, los agricultores defienden que siguen haciendo un buen uso de esos tractores viejos que son muy útiles en sus explotaciones. Por eso, el proyecto de decreto ha caído como un jarro de agua fría entre las organizaciones agrarias que no entienden por qué quieren obligarles a dejar de utilizar estas máquinas que muchos conservan todavía para pequeñas labores en sus fincas.

En Castilla y León, las organizaciones agrarias ya han mostrado su rechazo a esta disposición, aunque desconocen a cuántos profesionales puede afectar esta medida, ya que no existen estadísticas oficiales sobre el número de tractores con esta antigüedad que se mantienen en activo en nuestro país. Desde la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (Ansemat) detallaron que solo el año pasado se realizaron más operaciones de compraventa de máquinas con más de 35 años que nuevas en la Comunidad.

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, aseguró que «Castilla y León tiene la maquinaria modernizada y de la última tecnología», pero señaló que cada agricultor, «debido a los distintos trabajos que tiene, puede tener un tractor nuevo y luego otro que tenía de antes que hace su uso en pequeñas labores». Por este motivo, pidió a las administraciones que no les perjudique y les haga gastar el dinero que no tienen «en maquinaria a la que no se le da el uso que vale».

También desde UCCL, uno de los miembros de su Ejecutiva, Valentín García Fraile, calificó la propuesta como «una barbaridad». «Yo entendería que se hiciera un Plan Renove para que los tractores más viejos, que son los que más contaminan, se renovarán, pero no por decreto ley. Que pueda tener ya ciertos años la maquinaria y nos impidan trabajar con ella, nos parece una barbaridad porque hay mucha gente a la que vamos a dejar en la calle, porque por desgracia no han renovado los tractores porque no han podido», indicó.
Por su parte, Aurelio Pérez, coordinador de Coag en Castilla yLeón, avaló la renovación de la maquinaria a través de planes renove o ayudas, porque «se necesita y porque es una de las principales garantías de la seguridad personal de agricultores o ganaderos». «Yo creo que a lo que nosotros nos compete tendremos que ver si la medida es beneficiosa o no. Ya me gustaría que por decreto se decidiera eliminar una gran cantidad de exceso de fauna salvaje o actuar para que todos los productores del mundo produzcamos en las mismas condiciones y concurramos a los mismos mercados», ironizó, tras lo que añadió que «el problema no es si es por decreto, es si hay voluntad política o no».

Fuente: La Voz de Galicia y El Día de Valladolid.