Antonio, el trabajador ilegal muerto al que su empresa quitó el mono para borrar pistas

A principios de abril, la prensa española titulaba así un caso de presunta infracción grave en material laboral que acabó con la muerte de una persona en Chiclana de la Frontera (Cádiz): "Detenidos cuatro empresarios que quitaron el uniforme a un empleado fallecido en un accidente laboral". "La historia del trabajador de Chiclana a quien no respetaron ni después de muerto".  La información partía de una nota remitida a los medios por parte de la Guardia Civil.

¿Quién era el hombre fallecido? ¿A qué se dedicaba? ¿Hablaría su viuda con los periodistas? Y esos cuatro empresarios, ¿quiénes son y cómo se llaman? ¿Cuál de ellos le cambió la ropa de trabajo por otra de calle? ¿Es verdad que lo hicieron cuando el trabajador ya había fallecido? ¿Por qué trasciende ahora esa noticia si la muerte se produjo el verano pasado? ¿Qué ha revelado la autopsia?

A través de numerosas fuentes, desde compañeros de trabajo hasta abogados del caso, EL ESPAÑOL reconstruye con detalle cómo ocurrió el accidente que le costó la vida a Antonio S. S., de 42 años, y la investigación posterior de la Guardia Civil que ha llevado a la imputación de cuatro personas por homicidio imprudente. De ella trasciende el aparente interés económico de una viuda que en la práctica no lo era tanto y la voluntad de una empresa por escurrir el bulto.

17 de julio de 2018. Antonio S. S. trabaja en la nave que la empresa Musieventos CH 2014 SL tiene a las afueras de Chiclana, cerca del cementerio de la localidad. La compañía se dedica al montaje de suelos de madera, escenarios o barras en las ferias de toda Andalucía. Minutos antes del accidente que acabaría costándole la vida, el hombre se encuentra en el interior de la zona de carga de un camión que contiene varios muebles. Afuera, un compañero maneja una máquina tipo fenwich (carretilla elevadora).

Así sucedió 

Antonio, desde lo alto del camión, sube los muebles a unos palés depositados sobre los brazos de hierro de la máquina. El compañero, que es quien la conduce, desde abajo los traslada a suelo firme. Pero en un momento dado el empleado que se coordina con Antonio frena la fenwich, se baja de ella y va a pie hasta la zona donde está otro empleado.

En ese momento, sin saber por qué, Antonio se sube encima de los palés, intenta saltar a la cabina de la máquina y, sin querer, cae entre la cabina y el mecanismo elevador de la maquinaria, accionándolo con uno de sus pies al pisar la llave que la pone en marcha.

Así, Antonio queda apresado entre la cabina y la parte delantera de la fenwich. Su compañero lo ve y, apenas unos segundos después, cambia el sentido del motor de la maquinaria y desencaja el cuerpo de Antonio. El accidentado comienza a pedir agua y explica que le cuesta respirar, pero se mantiene consciente.

Los empleados llaman a su jefe, Óscar Ariza Betanzos, y éste acude a su empresa. Al llegar habla con Antonio. Le dice que lo va a llevar a que lo vea un médico. Lo sube en su coche. Les acompaña otro empleado. Antonio, en ese momento, no está dado de alta en la Seguridad Social y carece de la formación y la indumentaria requeridas para trabajar allí.

Durante el trayecto hasta el centro médico, según mantiene la Guardia Civil, Óscar y aquel empleado desvistieron a Antonio y le cambiaron la ropa por una de calle ya que la otra llevaba serigrafiada el nombre de la empresa.

Ambos, dice la Benemérita, “le despojaron de la ropa de trabajo, la cual llevaba inscrito el anagrama de la empresa, al objeto de no despertar sospechas y así evitar responsabilidades”.

Primero lo llevaron el centro ambulatorio La Longuera, en Chiclana. Luego, por consejo de los facultativos, se le trasladó en ambulancia al hospital de Puerto Real. En ambos sitios, Óscar Ariza y su empleado mantuvieron que había sufrido “una caída fortuita”. Finalmente, Antonio murió poco después por un fallo cardíaco. La presión a la que le sometió la máquina le afectó la vena aorta.

Había consumido cannabis

La autopsia posterior, según confirma Manuel Becerro, abogado de la familia del fallecido, certificó que el fallecido había consumido cannabis durante las horas previas al accidente. El letrado no quiere responder a las preguntas de este periódico “por estrategia judicial”.

En octubre del año pasado, tres meses después de la muerte de Antonio, el caso dio un giro. La familia, amparada en el informe de la autopsia, decidió denunciar las irregularidades de lo ocurrido. Comenzó una investigación policial a instancias del Juzgado Mixto Número 4 de Chiclana, que ha imputado a los cuatro socios de la empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro por homicidio imprudente.

En realidad, el dueño de la empresa es Óscar Ariza Betanzos, pero tiene otro socio y éstos han metido a sus mujeres dentro de la sociedad. Ese cierre en falso del caso provocó que la mujer y los dos hijos del trabajador fallecido quedaran “prácticamente en la indigencia”, según la Guardia Civil, ya que se les compensó con pensiones acordes a un fallecimiento por contingencias comunes.

DETENCIÓN DE LOS CUATRO SOCIOS

Ahora, tras la detención de los cuatro socios de la empresa, quienes se encuentran ya en libertad con cargos, la mujer y los hijos del fallecido han podido regularizar sus pensiones de viudedad y orfandad, que hasta el momento eran “paupérrimas”, según las calificó la Guardia Civil.

Pero esa realidad tiene matices no desdeñables. Antonio, que antaño había trabajado como encofrador y había ocupado una casa en Chiclana, llevaba años con otra mujer y se había separado de su antigua esposa, aunque no legalmente. Ahora es ella quien se estaría beneficiando de una pensión mayor.

En la localidad gaditana cuentan también que la relación entre Antonio y sus dos hijos no era buena y que la madre de los jóvenes podría estar buscando un beneficio económico a través de un posible acuerdo de indemnización con la empresa para la que trabajaba el fallecido.

La Guardia Civil ha dado por probado que “el fallecimiento del trabajador se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria que se estaba utilizando”.  La familia del fallecido denunció las irregularidades del accidente a finales de octubre pasado ante la Inspección de Trabajo.

Los investigadores han descubierto que el empleado no tenía prendas de protección personal ni estaba afiliado a la Seguridad Social, al igual que el resto de operarios que trabajaban en la nave. Los empresarios tampoco contaban con planes de seguridad o de evacuación. A juicio de la Guardia Civil, demostraron un “desprecio” por la normativa vigente.

Además de las dos imputaciones, los cuatro empresarios -dos matrimonios- se enfrentan a millonarias multas de la Inspección de Trabajo, de la Seguridad Social y, según contó El País, hasta del área de urbanismo del Ayuntamiento. Este caso ha demostrado que la realidad, en la mayoría de ocasiones, tiene múltiples caras.

Fuente: El Español