Víctimas del amianto presionan al PSOE para salvar el fondo de compensación

Las víctimas del amianto vuelven a ver truncada su esperanza de contar con un fondo estatal que asegure sus indemnizaciones. La convocatoria electoral por parte del Gobierno de Pedro Sánchez deja en stand by, por unas pocas semanas, la propuesta trasladada al Congreso desde el Parlamento Vasco. Y eso que la mayoría de los partidos de la cámara española ya habían alcanzado un preacuerdo en relación a la procedencia de la financiación de este mecanismo de compensación, que ve interrumpido su recorrido ante la disolución de las Cortes.

Solo la vía del decreto ley podría salvar la iniciativa, aunque entre los afectados no hay demasiada confianza en que el Ejecutivo de Sánchez utilice una bala para este asunto en las escasas tres semanas que faltan para la campaña electoral. Para ello están presionando por todos los frentes en los últimos días, en especial a través del PSE y el ministerio de Trabajo. De no salir adelante con el Gobierno socialista, el proyecto regresaría al cajón al menos hasta después del verano.

“Habría que empezar de cero. Sería la tercera vez”, lamenta Jon García, de la asociación vasca Asviamie, quien se ha implicado directamente en las negociaciones con las formaciones políticas. “Está difícil pero el Gobierno sigue activo y veremos qué se puede hacer”, indican desde el grupo socialista en el Congreso. La tramitación en esta cámara tiene origen en una iniciativa aprobada por el Parlamento Vasco por unanimidad en 2015, que a su vez se apoya en un informe presentado por EH Bildu en 2011. Rajoy mantuvo paralizada la petición vasca, que sí ha recibido un cierto impulso de la mano de Sánchez.

Los grupos del Congreso alcanzaron en febrero un preacuerdo en relación a cómo financiar el fondo, una cuestión de primera orden teniendo en cuenta la delicada situación de la tesorería de la Seguridad Social. Desde Asviamie se cifra en un máximo de 164 millones de euros anuales la dotación necesaria para hacer frente a las indemnizaciones de las víctimas. Es un cálculo realizado en base al volumen de toneladas de amianto que se ha utilizado en España en comparación con Francia, que cuenta con un fondo de compensación desde 2001.

El impacto en los presupuestos del Estado, señala García, sería mucho menor, no superior a los 20 millones anuales. El borrador en el que han trabajado los grupos del Congreso, en el que ha habido un consenso general, plantea que el mecanismo se financie a través de las cuotas por accidentes de trabajo y con el fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social. También se lograrían recursos a través de las multas que ponga la Inspección de Trabajo a las empresas por incumplir la regulación en prevención y salud laboral.

Son varias vías que permitirían dar cumplimiento a esta demanda histórica de los afectados por el amianto sin generar una carga desorbitada en las arcas públicas. Y aun así, el fondo se vuelve a quedar a las puertas de ver la luz. “No es lo que pedíamos en un principio, pero aun así solicitamos que el acuerdo del Congreso se traslade a un decreto. Más vale pájaro en mano”, señala García, que incide en lo urgente que es poner en marcha el fondo. Además de ahorrar a enfermos y familiares un largo proceso judicial, contar con un colchón económico a nivel estatal aseguraría el cobro de indemnizaciones a trabajadores de empresas quebradas o desaparecidas.

Además, los expertos coinciden en que lo peor de esta problemática está

por llegar. El informe en el que se apoya la propuesta del Parlamento Vasco señala que será en 2023 cuando el amianto alcance su pico de incidencia. El periodo de latencia puede alcanzar los 30 años, motivo por el que en la próxima década seguirán apareciendo casos de trabajadores que estuvieron en contacto con el mineral en los años 80 y 90.

35 fallecidos. El amianto se cobró la vida el año pasado de al menos 35 personas en Euskadi. Es la punta del iceberg de un problema mucho mayor, indican desde Asviamie, puesto que muchos enfermos de cáncer de pulmón no llegan a saber nunca que el origen de su enfermedad es el amianto. Cada año se incorporan a las listas oficiales de personas que han estado en contacto con el mineral en torno a un millar de vascos, de manera que la cifra total de posibles afectados ronda las 10.000. Todos ellos realizan controles sanitarios para detectar anomalías a tiempo.

Víctimas ambientales. Por otro lado, Asviamie recuerda que en otros países se indemniza también a las víctimas ambientales, es decir, quienes enferman por un contacto con amianto que no tiene origen laboral, cuestión que ha quedado descartada en la fórmula esbozada en el Congreso.

Fuente: Noticiasdeguipuzkoa

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/03/19/economia/victimas-del-amia...