La Audiencia de Valencia aboca a juicio el accidente de metro de 2006 en el que 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas
La Audiencia de Valencia aboca a juicio el accidente de metro de 2006 en el que 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas
La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado que se reabra y continúe la investigación del accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006 donde 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas. La resolución, rubricada por cinco magistrados de la Audiencia provincial, aboca prácticamente a la juez instructora, que archivó el caso por segunda vez en 2017, a abrir juicio oral por uno de los siniestros ferroviarios más graves de España. La Asociación de Víctimas de Metro de Valencia 3 de Julio (AVM-3J) se ha mostrado satisfecha con el auto.
La causa ha sido archivada en dos ocasiones por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia pero, en esta ocasión, la Audiencia provincial ha decidido que se tome declaración a los investigados —la entonces gerente del metro valenciano y varios directivos más—, algo que la instructora no había hecho hasta ahora, y se celebre juicio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su cuenta de Twiter. Las víctimas del metro han conseguido reabrir el caso pero hasta ahora nadie se ha sentado en el banquillo por el siniestro mortal. El accidente se saldó sin responsabilidades penales ni políticas.
El Gobierno valenciano y su entonces presidente, Francisco Camps, se emplearon a fondo para enterrar rápidamente la tragedia en 2006. Los familiares de las víctimas y los supervivientes del siniestro emprendieron una lucha que ha durado nueve años con el propósito de que el accidente de metro más grave de España no cayera en el olvido.
En un informe del Sindicato Estatal de Profesionales de Seguridad y Salud (SEPROSS) sobre el accidente de metro de Valencia publicado en junio de 2017 se exponen diferentes argumentos que ponen en entredicho los criterios esgrimidos por la juez en el cierre de la instrucción.
A lo largo de 11 puntos suficientemente razonados y justificados, los profesionales del SEPROSS demuestran que FGV era conocedora del riesgo que suponen los excesos de velocidad, evidencian el porqué la trágica curva era un punto peligroso, señalan la existencia de medidas de seguridad ya instaladas que habrían evitado dichos excesos de velocidad, y establecen la importancia de los fallos humanos como desencadenantes de los accidentes. Por todos estos factores, concluye el informe, si se hubiera tenido en cuenta la normativa (vigente desde 1995) de prevención de riesgos laborables, el accidente se hubiera podido evitar mediante supervisión, control, e implantación de medidas de seguridad.
Este razonamiento cuestiona también la actuación de la Inspección de Trabajo y del INVASSAT, que desde el inicio de su investigación en 2006 han minimizado el hecho de que FGV no cumpliera la normativa. ¿Si una empresa privada no realizara la evaluación de riesgos, no realizara mediciones ni control, no implantara medidas de seguridad, si ni siquiera realizara un informe sobre un accidente en el que mueren 2 trabajadores y 41 usuarios… sería la actuación de Inspección de Trabajo y de INVASSAT tan laxa a la hora de evaluar el cumplimiento de la normativa? A mí parecer, los técnicos que pertenecen a la administración, ya sea por injerencia política o por aprendida autocensura, no suelen cuestionar la actuación de los responsables cuando éstos son la propia administración, algo que es común también en algunos representantes del sistema judicial. Y así nos va a los afectados por tragedias, luchando por obtener justicia y en medio de un círculo vicioso en el que las responsabilidades penales y políticas se justifican unas a otras.
Fuente: EL PAÍS
