Un nuevo sistema de sanciones en el Reino Unido tienen en cuenta no solo el daño real o potencial causado, sino también la capacidad económica de la empresa
Un nuevo sistema de sanciones en el Reino Unido tienen en cuenta no solo el daño real o potencial causado, sino también la capacidad económica de la empresa
En el Reino Unido no existen sanciones administrativas por infracciones de seguridad y salud. En todos los casos son los tribunales quienes adoptan las disposiciones punitivas que establece la ley.
Por eso es tan importante que el 1 de febrero de 2016 entrasen en vigor unas nuevas directrices para dictar sentencias por delitos de salud y seguridad (ver enlace al texto, más abajo). De acuerdo con las nuevas directrices, los tribunales deberán decidir las sanciones a través de un enfoque paso a paso, considerando en primer lugar la gravedad del daño (real o potencial) y la probabilidad de daño, que se divide en una serie de diferentes niveles dentro de cada categoría.
Siguiendo los criterios de una serie de anteriores sentencias del Tribunal de Apelación que expresan el mismo punto de vista, las directrices requieren a continuación tener en cuenta el volumen de negocios de la empresa con el fin de establecer un valor base para una multa que se pretende que sea suficientemente grande como para que "haga llegar el mensaje" a los directores y accionistas de las empresas. Los siguientes pasos se orientan a aumentar o disminuir dicho nivel base de la multa en función de una serie de factores.
Existen criterios similares para la condena de personas por delitos contra la salud y la seguridad, con un mayor énfasis en el riesgo de una pena privativa de libertad para los culpables de violaciones graves.
Desde que se hicieron públicas estas nuevas directrices, a mediados del año 2015, los expertos anticiparon un impacto revolucionario en los importes de las multas a las empresas en comparación con aquellos que históricamente se habían aplicado por infracciones de salud y seguridad. Aunque todavía estamos en una fase 'incipiente', podemos empezar a analizar la influencia que las directrices han tenido en los tribunales hasta la fecha y también podemos considerar el grado en el que pueden afectar a las futuras sentencias.
El día 8 de febrero mes, ConocoPhillips (UK) Limited se convirtió en la primera organización muy grande en ser procesada y condenada bajo el nuevo régimen, aunque la audiencia en realidad comenzó antes de la fecha en que las nuevas directrices entraron en vigor. La compañía, que cuenta con una facturación de 4,8 mil millones £ (unos 6.000 millones de euros), se declaró culpable de tres infracciones de normas de salud y seguridad por una serie de emisiones incontroladas de gases en una de sus instalaciones pretroleras en alta mar.
A pesar de que nadie llegó realmente a lesionarse como consecuencia de las infracciones, debido a un error de comunicación varios trabajadores fueron enviados a investigar el incidente mientras todavía había gas inflamable presente en concentraciones peligrosas. En la sentencia el juez consideró que el riesgo de muerte o de daño grave habría sido extremadamente alto si se hubiera producido la ignición del gas. Al aplicar las directrices, se trataba de un caso extremo en cuanto a la gravedad potencial del daño y de alta probabilidad de daño.
Aunque la compañía tenía procedimientos y elementos de control instalados, el juez observó una falta de identificación y control de los riesgos. El nivel de culpabilidad en este caso fue clasificado como "Medio" pues los sistemas estaban instalados, pero no estaban suficientemente implementados.
Si nuestro análisis de las directrices refleja la propia interpretación del juez, entonces el punto de partida de la multa debía ser de 1,3 millones de libras, con un intervalo de 800.000 a 3,2 millones para ajustar por atenuantes o agravantes.
En su defensa la compañía alegó su alto nivel de cooperación con las autoridades de seguridad, así como una importante inversión en nuevos sistemas diseñados para prevenir la repetición del incidente.
La multa finalmente impuesta por el tribunal fue de 3 millones de libras (unos 3,6 millones de euros) lo que equivale a 1 millón de libras por cada delito.
En esas condiciones no cabe duda de que los esfuerzos preventivos, sobre todo de las grandes empresas británicas, se incrementarán notablemente.
Fuente: SHPonline