Investigación en Activa Mutua: favores y enchufes con dinero público

La Seguridad Social ha puesto a sus inspectores a indagar en el funcionamiento de la mutua de accidentes de trabajo Activa Mutua 2008, una entidad implantada por toda España que gestiona más de 300 millones de euros de dinero público al año. Al menos dos denunciantes, extrabajadores de la mutua, han presentado documentación que demostraría la existencia de actividades presuntamente irregulares en la gestión de esos fondos públicos. La Inspección de Trabajo ya ha abierto una investigación y fuentes del Ministerio de Empleo aseguraron a EL PAÍS que dan credibilidad a algunos de los hechos recogidos en las denuncias.

Activa Mutua 2008, que cuenta con más de 850 trabajadores, se vio salpicada hace dos años en uno de los mayores casos de corrupción en la sanidad catalana, el conocido como caso Innova. Su director gerente, Miquel Àngel Puig, fue detenido y el juez le sigue manteniendo como investigado (la antigua figura del imputado). Puig se enfrenta ahora a otra investigación, esta aún no judicializada, por el presunto empleo irregular de fondos públicos procedentes de las cotizaciones sociales de los trabajadores. Uno de los denunciantes ha llevado el caso también a la Fiscalía de Barcelona.

La documentación aportada por los extrabajadores mostraría, entre otras cosas, que la mutua tiene actividad comercial de captación de nuevos clientes, algo prohibido por la Ley de Mutuas de 2014. Sin embargo, uno de los datos más llamativos de los presentados a la Seguridad Social y la Fiscalía es el que afecta a un alcalde y diputado de CiU por Reus en la Diputación de Tarragona. Se trata de Joan Piñol Mora, que pese a tener dedicación exclusiva en la Diputación, estuvo cobrando simultáneamente, durante más de cinco años, un sueldo de la mutua.

Según los datos aportados a la denuncia, y que EL PAÍS ha confirmado, Piñol ha estado hasta el mes pasado --solo unas semanas después de que la información llegara a Empleo-- contratado por Mutua Activa 2008 mientras era alcalde de Mora d'Ebre y diputado con dedicación exclusiva. Por este último empleo público percibe 58.751 euros brutos anuales. Después de que EL PAÍS informara de este hecho a la Diputación de Tarragona, una portavoz aseguró que la presidencia ha pedido un informe jurídico y que actuará "con contundencia" si se demuestra la incompatibilidad. Añadió que es responsabilidad de cada diputado no incurrir en incompatibilidades. 

Piñol, por su parte, asegura que los tres puestos de trabajo son perfectamente compatibles y que ha sido capaz de realizarlos porque les ha dedicado muchas horas. "No me escondo. En mi declaración de actividades consigné el trabajo en la mutua", dijo en conversación telefónica. La denuncia de uno de los extrabajadores de Activa Mutua incluye registros de actividad interna que demostrarían que Piñol en realidad apenas tenía actividad o clientes asignados, a diferencia del resto de trabajadores de su departamento. Tanto él como la mutua lo niegan.

El relato de los denunciantes desgrana toda una serie de comportamientos aparentemente poco éticos, como contratar a empresas de exdirectivos o a despachos que a su vez contratan a familiares de directivos de la mutua. En la documentación figuran numerosas facturas de abogados que trabajan en la firma AGL Abogados. Uno de los tres socios de este despacho, Javier Artal Morillo, fue vicepresidente de Activa Mutua hasta 2011. Artal asegura que solo es una coincidencia, ya que los abogados de su bufete que trabajan con Activa Mutua son muy conocidos y muy apreciados en la especialidad de derecho laboral y mercantil.

"Para el apoyo jurídico de la mutua siempre se ha contado con la colaboración de diferentes abogados con una larga experiencia en el sector de mutuas, todos ellos tienen suscrito el correspondiente contrato que se ha trasladado también a los diferentes órganos de control de la administración", asegura por su parte la mutua, en respuesta escrita. La Seguridad Social y la Fiscalía está analizando facturas con el mismo concepto de dos abogados distintos de AGL Abogados. "Desconozco de qué facturas se trata, pero le puedo asegurar que yo personalmente no he facturado nada directamente a la mutua. Hubiera incurrido en una irregularidad", afirma Artal.

Las facturas de otra de las firmas contratadas por la mutua, el despacho de arquitectura Domingo Ferré ARQS, también han acabado sobre la mesa de la Fiscalía y de los auditores de la Seguridad Social. Se trata de contratos sin concurso previo con esta empresa, en la que trabaja como decoradora autónoma la esposa del director gerente, Ester Massana. "Ester Massana es una profesional independiente que trabaja para diferentes empresas", contesta la mutua. Y añade que esta firma es solo una de las muchas con las que trabaja para las reformas necesarias en sus 76 locales distribuidos por toda España.

"Se ha trabajado en estos últimos años con más de 30 arquitectos diferentes. En cuanto a la empresa de arquitectura Domingo Ferre todos los contratos realizados son contratos por obras concretas para lo que no era obligado realizar concurso. En solo un caso superó este importe y el mismo se licitó", añade la mutua. Este diario trató de contactar con el despacho de arquitectos, sin éxito.

No es la única ocasión en la que la familia del director gerente aparece entre la documentación aportada a los investigadores. También dos hijas de Puig recibieron dinero gestionado por la mutua. Bajo el epígrafe de "gratificaciones", las cuentas internas de Activa Mutua recogen varios pagos en 2011 a una y en 2012 a otra. La mutua explica que se trató de estancias en prácticas mientras ambas eran estudiantes, y que en los dos casos los pagos estaban cubiertos por los convenios con sus universidades.

Activa Mutua también deberá dar explicaciones sobre los pagos realizados a empresas como Aldimapa, Parec y Bufet Palau, que tienen el mismo administrador único, Jesús Palau Vallverdú, y la misma dirección. Palau es exdirectivo de Reddis, una de las mutuas que se fusionaron para crear la actual Activa Mutua. Bufet Palau y Aldimapa no presentan cuentas en el Registro Mercantil desde 2007. Palrec, desde 2008.

"Se disponen de todos los expedientes de la actividad realizada y tarifa también por debajo de los honorarios orientativos de la corporación profesional. Desconocemos si no presentaba cuentas", responde la mutua. Este diario intentó, sin éxito, hablar con Jesús Palau.

Otra de las acusaciones contra la mutua tiene que ver con un posible quebranto a las arcas de la Seguridad Social, ya que Activa pagó un alquiler durante seis años de un local contiguo a la delegación de El Vendrell con la excusa de abrir allí un dispensario. El "local anexo sin uso", de 268 metros cuadrados, costaba 1.200 euros de alquiler al mes, según documentación consultada por EL PAÍS. "En ningún momento ha habido despilfarro, de hecho en cumplimiento de la normativa se remitió un informe de Agente de la Propiedad Inmobiliaria valorando el precio del alquiler", señala la mutua, que insiste en que "se arrendó el local con la intención de construir un centro médico".

En abril pasado, otro extrabajador de la mutua, de otra provincia, también denunció las irregularidades que había presenciado. Envió un amplio dossier tanto a la Dirección General de Ordenación como a la Intervención General de la Seguridad Social. "Incumplen sistemáticamente la Ley de Mutuas, y en la Seguridad Social no se estaban enterando de nada", asegura este informante, que pide anonimato, y que asegura estar algo decepcionado por lo lenta que está siendo la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social al investigarlo.

El departamento que ya se ha puesto manos a la obra es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en concreto la Inspección adscrita a la Autoridad Central, que ya ha enviado a uno de sus inspectores.

Fuente. EL PAÍS