Demanda contra el Puerto de Huelva por acoso laboral a una trabajadora

Demanda contra el Puerto de Huelva por acoso laboral a una trabajadora

El Juzgado nº 1 de lo social de Huelva la ha admitido a trámite
20 Abril 2014

El Juzgado de lo Social número 1 de Huelva ha admitido a trámite la demanda interpuesta por despido nulo y vulneración de derechos. La Autoridad Portuaria de Huelva alegó "supuesta ineptitud" para justificar el despido de una trabajadora que venía prestando servicios desde el año 2005 en el sistema portuario español con un "currículum laboral y profesional impecable". Según ha denunciado la Sección Sindical de CCOO en el Puerto de Huelva se ha producido "una campaña de acoso laboral y represalias continuadas hacia la trabajadora que la llevaron a solicitar ayuda psicológica, e interponer varias denuncias en Inspección de Trabajo".

El Juzgado nº 1 de lo social de Huelva ha admitido a trámite la demanda presentada por una empleada de la Autoridad Portuaria de Huelva, tras ser despedida por dicha entidad, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales.

La Autoridad Portuaria de Huelva despidió el pasado 26 de diciembre de 2013 a una trabajadora alegando causas organizativas y “supuesta ineptitud cuando los motivos reales parecen ser otros”, han informado desde la Sección Sindical de CCOO en el Puerto de Huelva.

Así, la trabajadora despedida cuenta con una larga y reconocida trayectoria profesional dentro del sistema portuario español, donde ha trabajado ininterrumpidamente desde el año 2005. Según se recoge en la demanda admitida a trámite, el Puerto onubense contrato en septiembre de 2012 en base a su titulación, currículum y experiencia profesional a esta trabajadora procedente del Puerto de Sevilla.

Según se recoge en la demanda admitida a trámite, “los problemas empezaron cuando la trabajadora se negó, por motivos técnicos, a acatar directrices dadas desde la Presidencia y Dirección en materia medioambiental,  y de seguridad y salud en el área laboral que tenía a su cargo”, han explicado desde el sindicato. “Esto provocó el inicio de una campaña de acoso laboral y represalias continuadas hacia la trabajadora que la llevaron a solicitar ayuda psicológica, e interponer varias denuncias en Inspección de Trabajo, no existiendo en la Autoridad Portuaria de Huelva el protocolo contra el acoso laboral del empleado que toda empresa de cierta entidad debe tener”.

Según relata la demanda estimada contra la Dirección del Puerto de Huelva: “Una de las medidas que tomaron contra la trabajadora fue impedirle disfrutar del horario flexible del que hacía uso el resto de la plantilla, implantado en la Autoridad Portuaria desde principios del 2013, esto le impedía conciliar su vida laboral con la familiar, lo que obligó a la trabajadora a solicitar una reducción de jornada laboral por cuidado de hijos menores, desencadenado un mayor malestar de la Dirección y la Presidenta, procediendo posteriormente a su despido”.

La Sección Sindical de CCOO en el Puerto de Huelva ha recordado que “esta solicitud de reducción de jornada es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, cuya negación constituye una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, y que podría suponer la declaración de la nulidad de la medida”.

Igualmente, desde la Sección Sindical se teme que otro de los motivos que “pudo sumar al despido fue que la empresa tuviese conocimiento de la afiliación de la trabajadora al Sindicato Comisiones Obreras, sindicato que se siente perseguido por la Dirección y Presidencia de la Autoridad Portuaria por ser el único que le está plantando cara a la Presidencia del Puerto de Huelva  ante la política que ha instaurado en la empresa pública que dirige, en la que desde su nombramiento ha despedido a 8 compañeros y compañeras, de los que seis los juzgados han determinado como improcedentes o nulos, quedando dos por dilucidarse, entre ellos la demanda que acaba de ser admitida a trámite”.

En este sentido, el sindicato ha denunciado que “esta pésima gestión laboral de la Presidencia del Puerto ha supuesto un coste estimado de los casos ya juzgados que asciende a 800.000 euros para las arcas públicas, sumado este hecho a la situación de inestabilidad laboral generada por la política de privatización de servicios, y de acoso laboral al que se están viendo sometidos los afiliados y delegados de CCOO, por oponerse a su política, despidos, privatizaciones, e incumplimientos tanto del Convenio Colectivo, Acuerdo de Empresa, y legislación portuaria, en materia de contratación de personal y empresas de servicios, manifestados por este sindicato de forma reiterada en el Consejo de Administración y en denunciados ante la opinión pública”.

Fuente: CCOO

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