Prevención como factor de competitividad de las empresas en el Siglo 21: una nueva mirada sobre Brasil

La sociedad contemporánea se caracteriza, entre otros aspectos, por el desechable. También se inserta el trabajador en esta lógica, es decir, la empresa utiliza su mano de obra y victimizado en un accidente de trabajo, simplemente es devuelto a la sociedad, lo que se limita la empresa a pagar daños y perjuicios. La Ley Brasileña de Seguridad Social, ley 8.212/91 permite la Seguridad Social presentar una acción de regreso contra el empleador en el caso de accidente de trabajo por su culpa, para el reembolso de los gastos relacionados con beneficios de pensión pagadas a el empleado, víctima del infortunio. La carga resultante de esta acción puede actuar como un fuerte estímulo para la prevención. A través de la análisis de juzgados, programas de gobierno y la legislación, buscará demostrar la etapa en que Brasil se encuentra en relación con la prevención de riesgos de accidentes de trabajo en conformidad con las normas internacionales basadas en la dignidad humana del trabajador.

Brasil ocupa la 4 ª posición en el ranking mundial de los accidentes de trabajo con 2.884 muertes en 2011 como el Ministerio de Seguridad Social en un total de 711.100 accidentes Anuario estadístico durante ese año, sólo por detrás de China, los EE.UU. y Rusia[1].

El valor de los siniestros pagados llegar a la cantidad de R$ 10 billones, lo que dividido por el número de accidentes tiene un valor de R $ 19,000.00 por accidente.

El problema radica en la cosecha de efectos sobre el bienestar, directamente afectados por el tema del pago por los problemas laborales de los beneficios de accidentes y pensiones especiales.

La acción contra el grave problema de los problemas de mano de obra mediante la adopción de una actitud de prevención cuenta de serie con la ayuda de los poderes ejecutivo y judicial.

En noviembre de 2011 a través del Decreto N º 7602, aprobó la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo – PNSST[5], según el art. 4 del Convenio n. 155 de la OIT, promulgado por el Decreto n. 1254, de 29 de septiembre de 1994[2], cuyo objetivo principal es promover la salud y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y para la prevención de accidentes y los daños para la salud que surja de, relacionada con el trabajo o que ocurre en el transcurso de la misma, a través de la eliminación o reducción de los riesgos en el lugar de trabajo.

El poder judicial, en concreto, el Tribunal Superior del Trabajo (TST), por su parte, creó el Programa Nacional de Prevención de Accidentes de Trabajo, con la posibilidad de desarrollar y ejecutar proyectos y acciones dirigidas a la prevención de los accidentes de trabajo nacionales, en colaboración con diversas instituciones pública y privada. A través de la conciencia de la importancia del tema, busca desarrollar una cultura de prevención.

El accidente también tiene el poder de crear consecuencias penales y administrativas por el empleador , que pueden tener su libertad restringida por la condena en casos penales derivados de la lesión a la víctima empleado del accidente y ser multado por la inspección del trabajo a causa de incumplimiento de las normas salud y seguridad.

Como se puede ver, el accidente de trabajo causa un daño inmenso - humano, social y financiero - para el empleador. En este último aspecto cabe destacar el elevado gasto en compensación por moral, daños materiales y estética, acciones regresivas y las multas impuestas por la inspección del trabajo.

Este hallazgo, junto con las estadísticas que muestran el alto índice de siniestralidad, está causando la sociedad, en particular el empleador, empiece a tomar conciencia de sus efectos nocivos, al darse cuenta que lo ideal es evitar la ocurrencia de accidentes.

Todo para que, en última instancia, podemos demostrar que la adopción de una cultura de prevención de accidentes de trabajo es la mejor herramienta para combatir este grave problema y un máximo de sensibles a los dictados constitucionales empresas modernas.